El robo de combustibles para su venta ilegal ha tomado un gran repunte en fechas recientes, acaparando la atención de medios de comunicación y diversos organismos de seguridad a nivel nacional, no obstante, parece haber poco interés por parte de las autoridades para dar fin a esta problemática que, a mal, hemos dado en llamar “huachicol”.
Por principio de cuentas, el problema debería ser tratado con seriedad, por ello vale la pena comenzar por llamar a esta problemática “Gasotráfico”, de acuerdo con la propuesta del investigador y MDP Ángel Rodolfo Uribe, pues hasta ahora parece que llamar a un problema de tal magnitud como “huachicol” lo aleja del tratamiento legal y penal que debería tener. Cabe señalar en este punto que este delito aún no ha sido tipificado como grave.
De acuerdo con lo expresado por Uribe, quien también es experto en Seguridad, Inteligencia y Prevención Social del Delito, “un problema de tal magnitud se debe atacar con tecnología de punta”. Es por ello que ha desarrollado un sistema tecnológico para la detección de posibles tomas clandestinas (PPTC). Dicho sistema “se basa en algoritmos matemáticos e información de las bajas de presión y las variaciones de flujo de los ductos de Pemex, generando la identificación de puntos probables de una toma clandestina”.
Con esta propuesta, se echa por los suelos la negativa de autoridades de que es “casi imposible” detectar tomas clandestinas. Y este problema parece tener una faceta aún más complicada, pues de acuerdo con Uribe, empleados de Pemex estarían involucrados en el robo de hidrocarburos. Según la Sedena, el robo de gasolina “es imposible sin la plena colaboración interna ya que es preciso conocer a qué hora pasará el combustible por los ductos, la presión, el tipo de producto que viaja y demás tecnicismos”.
Es así que la propuesta de Uribe viene a abrir la posibilidad de comenzar las acciones para frenar la ordeña de gasolina. El proyecto PPTC comenzaría a operar en un municipio en específico, sólo falta voluntad de las autoridades para echarlo en marcha, pues como dice el mismo Uribe “el problema no son las acciones de seguridad, sino la voluntad política de querer hacerlas”.