El gobernador Eruviel Ávila Villegas solicitó a los diputados locales promover una acción de inconstitucionalidad de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, acción que permitirá que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise esta norma y, en su caso, declare su constitucionalidad, además de que también será analizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la finalidad de escuchar todas las voces expresadas entorno a la misma y atender las recomendaciones que puedan mejorarla.

“He solicitado a los señores diputados esta acción, que sometan o presenten esta acción de inconstitucionalidad no porque considere que esta ley viola la Constitución, de ninguna manera, sino porque es la única vía; la Constitución no contempla otra vía más que pedirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revise la ley y ver si esta ley es respetuosa de los derechos humanos y si los argumentos que hemos vertido son como lo he afirmado, correctos. El respeto a los derechos humanos es el eje rector de mi gobierno”, señaló.

Eruviel Ávila indicó que la Suprema Corte es la única institución facultada para decidir si las normas jurídicas se apegan a la Constitución federal y los tratados internacionales, en este caso en materia de derechos humanos.

Destacó que la petición de promover la acción de inconstitucionalidad se da en un ánimo de colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo y exhortó a otras fuerzas políticas sumarse a esta solicitud.

Aseguró que La Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Edoméx fue promovida para cumplir con recomendaciones de instancias de derechos humanos internacionales y nacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y tiene como finalidad limitar a quienes ejerzan la fuerza pública, así como capacitarlos con base en un protocolo, promoviendo en todo momento el respeto a los derechos humanos.

Expresó que cuando esta ley fue aprobada por la gran mayoría de los legisladores, consideraron que cumple con los principios de constitucionalidad, legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, características que la SCJN estipula deben ceñir el actuar de las instituciones cuando usan la fuerza pública.

“El peor escenario para los derechos humanos, es no tener regulación sobre la fuerza, es decir, que cada quien haga lo que crea que puede hacer o que debe hacer, no, debe hacerse lo que la ley marca y por eso, es que enviamos esta iniciativa y fue aprobada por una gran mayoría en la Cámara de Diputados local”, manifestó.

El titular del Ejecutivo estatal afirmó que la administración estatal está abierta a escuchar todas las voces que se deriven respecto a este tema, ya que un gobierno democrático escucha y toma en cuenta las opiniones de todos los sectores.