El Ejecutivo mexiquense propuso reformar la ley de Víctimas del Estado de México para fortalecer el reconocimiento a los derechos de víctimas y ofendidos del delito, quienes con esos cambios tendrían una intervención más amplia y la garantía de que su asesor legal los represente en la etapa de investigación y durante el proceso para aportar directamente las pruebas.

Los ajustes planteados a los legisladores buscan armonizar esa norma con el Código Nacional de Procedimientos Penales que incluya una reparación integral a las víctimas a través de medidas como: restitución de su situación anterior, rehabilitación para hacer frente a los efectos del delito o de la violación de derechos, la compensación y la satisfacción para reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas.

Además, establece la conformación del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, los requisitos para acceder a él, la regulación de la compensación subsidiaria cuando la víctima haya sufrido menoscabo , o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física y/o mental y se señalan límites máximos de recursos a entregar.