Daniel García Rodríguez y Felipe Reyes Alpizar, quienes han permanecido presos 17 años sin sentencia, saldrán de prisión en las próximas horas para continuar en libertad, con el uso de un brazalete, el proceso penal por el homicidio de la regidora de Atizapán de Zaragoza, María de Los Ángeles Tamés Pérez, quien fue asesinada el 5 de septiembre de 2001 frente a su casa, en el fraccionamiento Las Alamedas.

Un juez penal de primera instancia fue quien determinó procedente sustituir la prisión preventiva oficiosa, luego de que recibió la petición del Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, de que ambos procesados pueden continuar en libertad el proceso por homicidio, que inició hace 17 años, informaron autoridades del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM).

Dicho organismo puntualizó que Daniel García y Reyes Alpizar deberán presentarse periódicamente a las audiencias por el homicidio calificado de María de los Ángeles Tamés, no tener contacto con la familia de la víctima, no acercase a su lugar de residencia y no salir del Estado de México, además de que deberán estar sujetos a un brazalete electrónico.

Los ofendidos recibirán medidas de protección, atención médica, psicológica y jurídica, puntualizó el juez.

Estas medidas “se aplicarán inmediatamente a los procesados y por lo que respecta al brazalete electrónico, hasta en tanto se agoten los requisitos de colocación material ante la autoridad penitenciaria, por lo que no es necesario convocar a una nueva audiencia, para que estas surtan efecto”, informó en un comunicado el TSJEM.

El Poder Judicial del Estado de México (PJEM) informó que los dos presuntos homicidas de la regidora de Atizapán de Zaragoza, María de los Ángeles Tames Pérez, seguirán su proceso en libertad.

A través de una ficha informativa se informó que Daniel García Rodríguez y Felipe Reyes Alpízar, fueron acreedores a esta medida a petición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Los sospechosos son acusados de haber asesinado a la regidora en el 2001, luego de que llegara a su domicilio y recibiera varios impactos de bala.

El Poder Judicial determinó que deberán de presentarse periódicamente a las audiencias, no tener contacto con los ofendidos o familiares, así como no se acerquen a sus lugares de residencia y no salir de la entidad y tener brazalete electrónico.

El juez dictó que los familiares de la víctima deberán de seguir con atención médica, psicológica y jurídica.

“El juzgador detalló que las medidas se aplicarán inmediatamente a los procesados y por lo que respecta al brazalete electrónico hasta en tanto se agoten los requisitos de su colocación material ante la autoridad penitenciaria, por lo que no es necesario convocar a una nueva audiencia para que éstas surtan efecto”, dijeron a través de una ficha informativa.

Diversas organizaciones protectoras de los derechos humanos han dado a conocer que hay irregularidades en el proceso de los acusados, ya que permanecieron 17 años en prisión y no recibieron una sentencia condenatoria.