La Comisión estatal de Seguridad (CES) reservó por cinco años la ubicación exacta de las 10 mil videocámaras de seguridad colocadas en el territorio mexiquense, que costaron más de 6 mil millones de pesos; por lo cual los datos se podrán conocer hasta mayo del año 2021.
La reserva incluye reportes, informes y sistematización de los incidentes, con el argumento de que dar a conocer datos del sistema de videovigilancia podría dañar la capacidad de reacción operativa de esa institución.
Después de que un particular solicitó conocer cuántas cámaras de videovigilancia se han instalado y dónde se ubican, la dependencia respondió que la información había sido reservada por motivos de seguridad, pues organizaciones ilícitas podrían tratar de boicotearlas si se divulga su lugar exacta. El ciudadano se inconformó, señalando que los postes son públicos e identificables, pero el Infoem dio la razón a la Comisión de Seguridad.
Las 10 mil cámaras de video distribuidas en 2 mil 500 puntos incluyen tres cámaras fijas y una de movimiento en cada uno. Se distribuyeron en 44 municipios de la entidad, de acuerdo con criterios de: zonas de incidencia delictiva, zonas de alto impacto, como escuelas, bancos paraderos y comercios; entradas y salidas principales de los ayuntamientos; así como vialidades y cruceros primarios del territorio estatal.
La CES justificó que la delincuencia se ha incrementado y busca maniobras o información estratégica de las instituciones de seguridad; por lo cual proporcionar información del estado de fuerza permitiría conocer sus debilidades y fortalezas, generar daños a la sociedad y al personal de esa corporación, pues permitiría conocer las estrategias de esa dependencia y sus elementos.
Incluso, advirtió, una de las consecuencias podría ser que se atente contra la vida e integridad de personas o de instituciones públicas, quedar en desventaja o la posibilidad de entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional y afectar los operativos, dispositivos y tácticas de combate a los delitos
Incluso, añadió que puede haber un “daño específico” porque hay grupos delincuenciales que han ido perfeccionando su actuar en contra de la seguridad y al amparo del ejercicio del derecho de acceso a la información pretenden conocer datos “sensibles” de la CES; por lo cual sostuvo que divulgar el estado de fuerza de esa dependencia causaría detrimento a la integridad, derechos y bienes de las personas, de las libertades, de la paz y el orden públicos y de la prevención de delitos e infracciones.
La reserva del Servicio de Videovigilancia para el estado de México incluye: planos de diseño y ubicación de los equipos, informes detallados de las instalaciones, la trayectoria de la fibra óptica, el detalle de la conexión para transmisión y recepción de datos; así como el almacenamiento y procesamiento de video; los informes detallados de la topología de red.
También la ubicación y características de los servidores de almacenamiento, usuarios, operadores y administradores de la plataforma; reportes, informes y sistematización de los incidentes, manuales y protocolos de operación, las características de los equipos instalados, planos de albañilería, muros, acabados, cancelería, carpintería, instalaciones eléctricas, e hidrosanitarias, instalaciones especiales, estaciones de trabajo, entre otras.
Desde el 12 de diciembre del 2003 la Secretaría de Finanzas adjudicó de manera directa a la empresa SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V un contrato con el objeto “solución integral de enlace y monitoreo de seguridad y video vigilancia urbana para el Estado de México” y el plazo para la entrega de los bienes fue a 49 meses, a partir de la suscripción del contrato.
