De ser necesario, dijo, se le realizarán los ajustes pertinentes.

El gobernador Eruviel Ávila Villegas solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la revisión de la recién aprobada Ley para Regular el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, y afirmó que de ser necesario, se realizarán los ajustes requeridos, pues además de que aún no está elaborado su reglamento, para su entrada en vigor faltan aún tres meses.

Destacó que con esta ley se da cumplimiento a un reconocimiento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emitida en el informe 243 de marzo de 2015, para regular el uso de la fuerza pública bajo los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, durante la presentación del Informe de Gestión 2015 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

“Que quede muy claro, no vamos a permitir ningún abuso de la policía que abuse a la gente, gente a la cual me debo, a la gente por la cual estoy en esta responsabilidad. Aun cuando la nueva ley responde a una recomendación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (…) los tres Poderes del Estado de México solicitaremos por escrito al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que nos haga favor de emitir alguna opinión respecto al contenido de esta ley”, expresó.

El gobernador Ávila Villegas advirtió que si fuera el caso y contando con la autorización de los representantes de la LIX Legislatura, se harían los ajustes que fuera necesario hacer, “desde luego que estamos convencidos de que esta ley fue aprobada dentro de los estándares internacionales”, aseveró.

Con este nuevo ordenamiento, agregó, se favorecerá en todos los casos, la protección más amplia a los derechos humanos, pues va en sintonía con lo dispuesto por las constituciones federal y estatal, con tratados internacionales, con jurisprudencia y tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la materia de protección, aseguró.

Al resaltar que el suyo es un gobierno democrático y respeta todas las voces, aún sin estar de acuerdo, se dijo cierto que una vez que revisen las recomendaciones de la CIDH, las tesis de la SCJN y los tratados internacionales, y los comparen con el contenido de la ley, podrán cambiar su opinión y agregó que, de todas formas, seguirá siendo respetuoso de los diferentes puntos de vista.

Aseguró que la Ley para Regular el Uso de la Fuerza Pública, aprobado por el Congreso mexiquense, es un documento garantista que pone candados y frenos a cualquier tipo de abuso que pudieran cometer las corporaciones policiacas, pues equilibra la garantía de protección de los derechos humanos de ciudadanos y policías, además de que promueve la profesionalización de los cuerpos policiacos en apego a códigos, protocolos y estándares internacionales.

“En caso de que se incurra en el uso ilegítimo de la fuerza pública, se instituye la responsabilidad y reparación del daño”, precisó, esta nueva ley es un mecanismo que permitirá a la autoridad hacer valer el estado de Derecho pero con la certeza de que los cuerpos policiacos no incurrirán en abusos y una herramienta para que la ciudadanía observe su aplicación en estricto respeto a los derechos de las personas.

Por otra parte, reiteró al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Baruch Delgado Carbajal, el apoyo y colaboración de su administración para seguir siendo aliados, para prevenir, defender y sancionar a aquellos que lleguen a violar derechos humanos. “Seguiremos trabajando incansablemente en la capacitación, para que en el Estado de México se sigan respetando los derechos humanos”.

A nombre de los tres Poderes reiteró que “todas nuestras instituciones, organismos autónomos, llevan a cabo acciones para que se garantice la protección de los derechos humanos de los mexiquenses, especialmente en rubros como el sector salud, en el educativo”, comentó.

Finalmente, reconoció como una asignatura pendiente la elaboración del Programa Estatal de Derechos Humanos que de manera conjunta se realiza con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el cual habrá de contribuir a la prevención, orientación y, en su caso, sanción, para quienes violen derechos humanos, concluyó.