Las personas que se dediquen a recolectar y comprar colchones, televisiones, lavadoras, estufas y otros enseres domésticos, así como cascajo, y que no cuenten con un distintivo oficial del Gobierno de la Ciudad de México serán sancionadas.

Las multas irán desde uno a cuatro años de prisión o económicas que van desde 500 hasta dos mil veces la unidad de medida, es decir, de 37 mil 745 pesos a 150 mil 980 pesos.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la medida al considerar que estas camionetas que, mediante bocinas compran todo tipo de enseres que se desechan en los hogares y no le dan una confinación final adecuada.

Xavier López Adame, presidente de la Comisión de Medio Ambiente en la ALDF, indicó que estas unidades autorizadas para recoger este tipo de basura deberán tener una calcomanía colocada en un lugar visible para mostrarlo como un distintivo de que están regularizados por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) para un manejo adecuado de los residuos sólidos que compran o recolectan.

El diputado aclaró que no se trata de perjudicar a quienes se dedican a esta actividad, pero sí regular el mercado ilegal de esta compra de residuos sólidos, porque “sabemos que muchas camionetas del Estado de México entran a la ciudad y no dan un fin adecuado a los residuos que compran o que hasta forman parte de un mercado negro de colchones que revenden como nuevos”.

A menos de una semana de que entre en vigor la norma 024, que permitirá a los camiones recolectores recibir los aparatos voluminosos los domingos, el diputado del Partido Verde Ecologista de México indicó que con esta reforma se obliga a las autoridades delegacionales y del gobierno central, lleven los aparatos electrónicos y de cascajo a lugares específicos.

Detalló que la Sedema otorgará las calcomanías a las camionetas y que, quienes mantengan esta actividad sin portar la calcomanía podrán ser detenidos por personal de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, como de Sedema y de la Secretaría de Gobierno, a fin de recibir la sanción establecida en la Ley de Residuos Sólidos.

La iniciativa aprobada establece que cada delegación deberá entregar un informe al año a la Sedema, a Obras y Servicios, y a la ALDF sobre los resultados obtenidos. Una vez aprobado el dictamen fue remitido al jefe de Gobierno para su publicación.