Un total de 3 mil 615 niñas menores de 14 años de edad fueron víctimas de violación sexual en 2015 y 2017 en los países de El Salvador, Nicaragua y Guatemala, todas ellas fueron obligadas a embarazos forzados ante las restricciones en estos países para interrumpirlos, aún por violación.

Lo anterior fue expuesto por organizaciones civiles especializadas en derechos sexuales y reproductivos de estos países, ante integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante las audiencias públicas que se realizan en Bogotá, Colombia.

Las organizaciones destacaron el panorama de violencia sexual y embarazos forzados en niñas menores de 14 años de edad; señalaron que según el Observatorio de violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en ese país tan sólo en el primer semestre de 2017 se registraron mil 249 víctimas de violencia sexual, de las cuales, 61 por ciento tenía entre 10 a 19 años de edad y 22 por ciento eran menores de 10 años.

De acuerdo con los datos desagregados presentados por las defensoras, la Policía Nacional Civil de El Salvador registró mil 376 niñas víctimas de violación en 2017. En Nicaragua, durante 2015 alrededor de mil 600 niñas presentaron un embarazo producto de una violación; en tanto, el Instituto Nacional de Ciencia Forenses de Guatemala registró en 2017 un total de 409 casos de violación en niñas entre 7 y 12 años de edad y otras 230 contra menores de 6 años.

Las organizaciones de mujeres denunciaron ante la Comisión Interamericana que esta expresión de violencia de sexual contra las niñas “es promovida por la impunidad y la ausencia del Estado atendiendo cada uno de estos casos”, pues dijeron, “los agresores sexuales no son investigados, sancionados, ni juzgados”.

En suma, las niñas en Centroamérica son obligadas a continuar con estos embarazos forzados ya que es una las regiones del mundo con las mayores restricciones para acceder al aborto legal y seguro.

Explicaron que en Honduras, Nicaragua y el Salvador no se puede interrumpir un embarazo bajo ninguna circunstancia, ni en casos de violación o riesgo a salud de las mujeres.

Inclusive, ejemplificaron, en países como Honduras está totalmente prohibida la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia aún para víctimas de violencia sexual, el mismo protocolo de atención en estos casos que tiene el Estado excluye el método, indicaron.

“Ante la ausencia de los Estados de manera pasiva se naturaliza la agresión sexual contra las mujeres, niñas y adolescentes, quienes además de cargar con el peso de la impunidad de su agresor y sufrir psicológicamente, son obligadas a continuar con embarazos no deseados atentando con el derecho de desarrollar un proyecto de vida”.

Frente a la nueva presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, la Comisionada de la CIDH en derechos sexuales y reproductivos, Esmeralda A. Troitiño y la Relatora de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic, las agrupaciones solicitaron la despenalización del aborto en El Salvador, Nicaragua y Honduras, e implementar la legislación existente en Costa Rica y Guatemala.

Además pidieron a la Comisión que solicite a los Estados promover leyes y políticas públicas que permitan garantizar el derecho a la salud de las mujeres, acceso a la educación sexual integral y anticoncepción de emergencia.

Otros temas abordados fueron la estilización forzada en mujeres indígenas, la criminalización de las mujeres que abortan en Centroamérica y la médica salvadoreña, Xiomara Argueta, dio su testimonio sobre las dificultades que tienen los prestadores de salud para atender a las mujeres que necesitan interrumpir un embarazo por cuestiones de salud.

Las agrupaciones participantes en la audiencia fueron Ipas Centroamérica, el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Católicas por el Derechos a Decidir Nicaragua, Centro de Derechos de Mujeres Honduras, Agrupación Ciudadano por la Despenalización del Aborto en El Salvador, El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), entre otras.