El plazo para que los municipios mexiquenses, los sistemas DIF, organismos de agua e institutos municipales del deporte contraten fianzas que los protejan de posibles desfalcos, ha vencido, por lo cual si alguno no cumplió, será sancionado por el Órgano Superior del Estado de México (OSFEM), advirtió el auditor superior Fernando Baz Ferreira.

En entrevista, explicó que las fianzas son por los tres años del gobierno municipal y el monto garantizado es de uno al millar del presupuesto de cada ayuntamiento, pero además han recomendado a los municipios que revisen cómo heredaron las finanzas municipales, a fin de denunciar lo antes posible cualquier anomalía, pues las garantías tienen un plazo de tres años.

“Que las revisiones se hagan lo más rápido posible, para que la caducidad o tiempo de la fianza no venza, normalmente es de un ejercicio fiscal y este ejercicio se solicitó que le dieran vigencia hasta tres años; de cualquier forma las observaciones resarcitorias en base a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos son por tres años y con base en la Ley de Fiscalización, son cinco años”, detalló.

Aun cuando el OSFEM lleva a cabo revisiones anuales, Fernando Baz comentó que las contralorías municipales pueden seguir examinando algunos ejercicios anteriores, a fin de ver si es necesario hacer efectiva la fianza, pues quien se encarga de hacerlas valer es la tesorería de cada municipio.

“La fecha venció el viernes pasado, entonces, en estas semanas vamos hacer el listado de todos los municipios que ya dieron cumplimiento a la adquisición de la fianza, para en su caso, el que no haya cumplido, mandarles el requerimiento correspondiente.

“Es un requerimiento legal, se hacen acreedores a una sanción administrativa y a una multa por el incumplimiento, pero no cumplir en tiempo no los exime de la obligación; de cualquier forma tienen que dar cumplimiento a ese afianzamiento.

En el trienio anterior municipal cumplieron al 100 por ciento, sólo dos municipios que presentaron sus fianzas fuera de tiempo”, afirmó.

Baz dijo que la estrategia recomendada a las contralorías de los municipios es que las revisiones se hagan lo más rápido posible, para que la caducidad o tiempo de la fianza no venza, pues tienen tres años de vigencia.

Hasta el momento han sido pocas las que se han hecho efectivas, pues en total, recordó unos tres casos donde las empresas, afirmó, respondieron de acuerdo con los contratos firmados.