La diputada Edith Anabel Alvarado Varela (PRI) denunció que en muchos centros educativos del país es habitual que sus autoridades decidan cambiar las características del uniforme de los alumnos en el transcurso del ciclo escolar, lo que obliga a los padres a desechar el que se les proporciona gratuitamente y a gastar en otro atuendo.
Lo anterior resulta perjudicial para las familias mexicanas, sostiene la legisladora, ya que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha revelado que los padres destinan trimestralmente 14 por ciento de sus ingresos al rubro de educación, “monto que pareciera menor, pero no lo es”.
Por ese motivo, Alvarado Varela promueve una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación para precisar en su texto que las autoridades escolares no cambien con regularidad el uniforme de los alumnos, a fin de ayudar a la economía de sus padres, pero sobre todo para combatir la deserción escolar por falta de recursos.
La legisladora, secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, reconoce que, en los últimos años, los tres órdenes de gobierno han refrendado su compromiso con el principio constitucional de la educación gratuita, entregando útiles, zapatos y uniformes a los jóvenes y menores inscritos en centros escolares públicos.
Empero, advierte que tras un breve periodo de haber comenzado el ciclo escolar, en muchas escuelas las autoridades toman la decisión de cambiar total o parcialmente la vestimenta para asistir a clases, ya sea el pants de educación física, el pantalón, el suéter o la falda.
“En la mayoría de los casos, esta determinación no obedece a criterios objetivos, sino a un aspecto meramente comercial y de negocio entre proveedores y autoridades de los centros escolares, lo cual es inadmisible”, enfatiza Alvarado Varela.
Lo anterior, lamentó, constituye un duro golpe al bolsillo de las familias, ya que son los padres quienes tienen que solventar el gasto de esa decisión, además de que se desvirtúan las acciones del gobierno para contribuir a la gratuidad de la educación.
La legisladora por Tlaxcala recuerda que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha advertido que una de las barreras que impiden a los niños y adolescentes asistir a la escuela, es la falta de recursos financieros para la compra de uniformes y material académico.
El Inegi, a su vez, destacó que 2.4 millones de niños, de entre 5 y 17 años, trabajan en lugar de ir a la escuela, resultado de la pobreza o pobreza extrema en la viven sus familias. Por tanto, con su propuesta, reitera la diputada, se ayudará a combatir la deserción académica por problemas económicos.
