El Representante Social de la Fiscalía General del Estado de México (FGJEM), acreditó la participación de Edwin Mejía Serrano en el delito de secuestro, ilícito por el que la Autoridad Judicial con sede en Toluca lo sentenció a 87 años y seis meses de prisión.

Los elementos de prueba recabados y aportados por el Agente del Ministerio Público fueron determinantes para que un Juez dictara esta condena en contra de Mejía Serrano, quien en el año 2016, participó en el secuestro de una joven, en el municipio de Toluca.

Los hechos se registraron el día 22 de junio del año 2016, cuando la víctima salió de su domicilio ubicado en la Delegación de Santa Ana Tlapaltitlán, para dirigirse a un gimnasio localizado en la Avenida Pino Suárez, en el municipio de Metepec, sin embargo en el trayecto recibió una llamada telefónica realizada por el ahora sentenciado, a quien conocía, y mismo que con base en engaños, la convenció para que acudiera a un inmueble de la colonia San Buenaventura.

Una vez que la víctima arribó al inmueble, el ahora sentenciado y sus cómplices la sometieron, y luego se comunicaron con los familiares de ésta a quienes les exigieron le entrega de un pago a cambio de liberarla.

Cabe mencionar que durante el tiempo en que la víctima estuvo secuestrada, fue agredida sexualmente por uno de los secuestradores. Días después, la víctima fue liberada, y recibió ayuda de un vecino de la zona.

La joven denunció los hechos ante el Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación respectiva y Agentes de Investigación se encargaron de realizar diversas indagatorias que derivaron en la detención de Mejía Serrano.

Éste sujeto fue ingresado al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Almoloya de Juárez, en donde quedó a disposición de un Juez, autoridad que luego de revisar los elementos de prueba recabados por esta Representación Social, y previo proceso legal, le dictó la sentencia respectiva.

Además de la pena privativa de libertad este individuo deberá pagar una multa de 14 mil días de salario mínimo, así como 109 mil 40 pesos como reparación del daño, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.