El Representante Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) acreditó la responsabilidad penal de siete sujetos en el delito de secuestro, ilícito por el que la Autoridad Judicial con sede en Tenancingo les dictó una sentencia condenatoria de 40 años de prisión.
Los secuestradores son Juvenal Saavedra Robles, Miguel Ángel Méndez Estrada, Oscar Pérez Anastasio, Edgar Pérez Jardón, Rafael Villalba Martínez, Jorge Aurelio Mancilla Jardón, y Héctor Solís Robles, quienes son penalmente responsables del secuestro de un joven de 22 años de edad, así como de uno de sus amigos, a quienes privaron de la libertad en marzo del año 2014, cuando ambos caminaban en la localidad de San Gaspar, municipio de Zumpahuacán.

Los responsables sometieron a las víctimas y los subieron a una camioneta, a bordo de la cual los trasladaron a una zona boscosa y los mantuvieron cautivos. Luego se comunicaron con los familiares de la víctima, a quienes les exigieron la entrega de una suma económica a cambio de liberarlo. Días después, la víctima y su amigo, aprovecharon un descuido de los secuestradores y lograron escapar, posteriormente acudieron ante el agente del Ministerio Público para denunciar este delito.

En el mes de abril de ese mismo año, estos sujetos fueron detenidos por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES), con un operativo realizado en Zumpahuacán. Al momento de la movilización a estos sujetos les fueron encontradas armas de fuego y estupefacientes, por lo que fueron presentados ante el Ministerio Público. Una vez detenidos, el Representante Social los relacionó con el delito de secuestro, por lo que se encargó de reunir los elementos de prueba en su contra.

Estos sujetos fueron ingresados al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tenancingo, en donde la Autoridad Judicial, luego de revisar los elementos de prueba recabados y aportados por esta Representación Social, los condenó a 40 años de cárcel. Además de la pena privativa de libertad, estos individuos deberán pagar una multa de 223 mil 100 pesos y 63 mil 770 pesos como reparación del daño, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.