Una red de sindicatos donde figura el nombre de González Apaolaza, exfuncionario que participó en la planeación y desarrollo del NAIM, obtuvo el contrato colectivo de trabajo antes de que hubiera empleados o licitaciones, y se quedó con la negociación de tarifas de millones de viajes de camiones de carga.
Raúl González Apaolaza participó como funcionario federal en todas las etapas de planeación y construcción del aeropuerto que aún se desarrolla en Texcoco, pero además forma parte de la red de sindicatos que obtuvo de forma irregular el control de más de 4 millones de viajes en camiones de carga y las relaciones laborales de más de medio millón de personas que se contemplaban para todo el proyecto.
El plan de la administración Peña Nieto para enfrentar el hundimiento del terreno en Texcoco incluía el traslado de 90 millones de metros cúbicos de minerales para desecar el subsuelo, para lo cual se usarían camiones con una capacidad máxima de 30 metros cúbicos, según documentos públicos.
Los miles de trabajadores (500 mil para todo el proyecto, según el secretario de Comunicaciones y Transportes del sexenio anterior, Gerardo Ruiz Esparza) y las tarifas de traslado no quedaron al libre mercado o en manos de los contratistas ganadores de licitaciones, sino que se entregaron a un ‘sindicato fantasma’ casi un año antes de que iniciaran las obras y, por lo tanto, de que hubiera trabajadores.
En 2016, el monopolio laboral se rompió y el gobierno federal reconoció a la CTM y a la CROC, pero dejó un 35 por ciento de los contratos en manos de sindicatos irregulares donde figuran González Apaolaza y dos personas que fueron sus socios o subordinados en anteriores trabajos públicos: Máximo Reyes Vilchis y Ramón Ojeda Silva.
Más de medio millón de trabajadores participarían en todo el proyecto. Según Gerardo Ruiz Esparza.
PLANEACIÓN TITÁNICA PARA UN PROYECTO FARAÓNICO
El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) planteó un reto logístico para la administración Peña Nieto, toda vez que se eligió un terreno fangoso, incapaz de soportar las miles de toneladas de la infraestructura.
Como solución parcial se planearon hundimientos controlados, los cuales serían provocados por el peso de 90 millones de metros cúbicos de tezontle y basalto.
Para implementar esta solución se desarrolló una operación titánica: explotar alrededor de 150 minas (según ambientalistas) cerca de Texcoco y llevar el material en camiones tipo Torton o Góndola, cada unidad con capacidad de entre 14 y 30 metros cúbicos, según los documentos públicos.
De esta manera, se tendrían que haber realizado al menos 4 millones de viajes entre minas y el terreno en Texcoco.
Según una solicitud de información que aparece en la Plataforma Nacional de Transparencia, sólo entre un febrero de 2016 y octubre de 2018 se registraron un millón 832 mil viajes de camión de carga al polígono, lo que equivale a 40 millones de metros cúbicos.
La dependencia informó que en uno de los frentes llegaban 4 mil camiones de carga cada día.
En noviembre de 2014, GACM dio exclusividad a un sindicato para controlar a los operadores y negociar las tarifas de traslado. No fue una negociación abierta entre obreros y patrón, porque en esa fecha no había obras ni trabajadores.
Aquí es donde inicia la participación de Raúl González Apaolaza.
RELACIONES
Raúl González Apaolaza entró a la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el 1 de septiembre de 2013, según su declaración patrimonial.
El funcionario reportó que entre 2007 y 2013 lideró “proyectos estratégicos” en el Instituto Politécnico Nacional; entre 2001 y 2006 fue secretario de Educación Pública de Hidalgo, y entre 1998 y 2000 fue director general del Metro de la Ciudad de México.
Raúl González omitió al menos tres trabajos en su declaración patrimonial que ahora cobran importancia.
Primero: En noviembre de 2013, ya como funcionario federal, González Apaolaza participó como secretario de Actas y Acuerdos en el Sindicato de Trabajadores Prestadores de Servicios en Empresas Edificadoras y Operadoras de Concesiones Federales de la República Mexicana (SITRAPRESC).
Segundo: En enero de 2013, antes de ser funcionario federal, figuró en la planilla de la Federación de los Trabajadores del Deporte, según documentos obtenidos por Aristegui Noticias.
En la plana directiva de ambas asociaciones de trabajadores figura el nombre de Ramón Humberto Ojeda Silva: en la primera como secretario del Exterior y en la segunda como secretario del Interior.
Tercer trabajo no reportado: En 2011 González Apaolaza apareció en el registro de cabilderos de la Cámara de Diputados como empleado de la empresa Open Lobbing Firm. En esa lista también aparece el nombre de Máximo Telmo Reyes Vilchis, quien además fue empleado de González Apaolaza en la Secretaría de Educación de Hidalgo entre 2001 y 2006.
Maximo Reyes Vilchis y Ramón Ojeda Silva encabezaron el sindicato sin obras ni trabajadores que obtuvo el Contrato Colectivo de Trabajo de Grupo Aeroportuario, donde laboraba su colega González Apaolaza.
EL DETALLE DE LAS FECHAS
El 2 de septiembre de 2014, durante un mensaje con motivo de su segundo informe de gobierno en Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto sorprendió con el anuncio de un nuevo aeropuerto en Texcoco.
El mismo martes 2 de septiembre de 2014, González Apaolaza dejó su trabajo en SCT y se integró a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), la dependencia que obtuvo la concesión para construir y operar la nueva obra.
El 14 de noviembre de 2014, el Sindicato de Trabajadores del Transporte y de la Construcción, Similares y Conexos de la República Mexicana (SITRAM), encabezado por Ramón Humberto Ojeda Silva, obtuvo el contrato colectivo de trabajo de GACM para representar a todos los trabajadores del nuevo proyecto, aunque formalmente no se había realizado ninguna licitación de obra pública.
Según solicitudes de información, esta asociación fue creada en abril de 2013 para representar a 22 trabajadores de dos empresas (una en Naucalpan y otra en la delegación Benito Juárez), con el nombre de “Sindicato de Trabajadores de la Industria Química y de la Construcción en General …”.
El cambio de nombre se registró hasta el 14 de septiembre de 2014, el mismo día que Ojeda Silva firmó el Contrato Colectivo del nuevo aeropuerto, según una respuesta de la Secretaría del Trabajo a este medio.
Máximo Reyes Vilchis fue nombrado secretario del Exterior del SITRAM en una asamblea electoral, indica un acta que aparece en los archivos de la Secretaría del Trabajo.
González Apaolaza, desde Grupo Aeroportuario, y sus excolaboradores en sindicatos mantuvieron una estrecha relación durante el desarrollo de las obras, definiendo las cuotas y quiénes podían participar en los cientos de acarreos de material.
CONTROL ABSOLUTO
El sindicato y GACM firmaron un convenio para modificar el Contrato Colectivo el 14 de julio de 2015, en el que establecieron tres cláusulas para reglamentar los traslados de material en camiones de carga. Según el documento, los viajes, los puntos de recogida y destino quedaron en manos de Grupo Aeroportuario, con tarifas negociadas con el sindicato.
En los hechos, esto se tradujo en un monopolio de las contrataciones de choferes y vehículos.
En la junta de aclaraciones de la losa terminal, un contratista preguntó si podían subcontratar libremente los acarreos. El representante legal anotó que este concepto estaba “obligado con el sindicato”. La respuesta de la autoridad fue reiterar que únicamente podrían subcontratar el laboratorio de calidad.
En la misma licitación se cuestionó si los contratistas podían firmar contratos colectivos de trabajo con otros sindicatos; la respuesta de GACM fue que debían ceñirse a las relaciones laborales firmadas con el SITRAM.
En los contratos vigentes una cláusula indica que las empresas ganadoras de licitaciones únicamente podían subcontratar el laboratorio de calidad. Para cualquier otro concepto era necesario tramitar una autorización expresa de GACM.
En todos los contratos públicos se adjuntó el Contrato Colectivo de Trabajo firmado con SITRAM y sus posteriores modificaciones.
REVUELTA LABORAL BAJO CONTROL
Los choferes requeridos para los cientos de acarreos diarios de minerales tuvieron que adherirse a la relación laboral GACM-SITRAM, aunque pertenecieran a otras organizaciones sindicales.
El control de los precios entre autoridades y sindicato oficial causó inconformidad entre los cientos de operadores de camiones de carga, quienes comenzaron a exigir precios justos y a tiempo. Según una revisión hemerográfica, sólo en los primeros cinco meses de 2016 se realizaron tres bloqueos a los accesos del terreno.
La bitácora de obra de la barda perimetral del aeropuerto, a cargo de Sedena, contiene los reportes de paros por las manifestaciones: “del lunes 16 al martes 24 de mayo de 2016 se encontró cerrado el acceso de vehículos de carga al predio del aeropuerto, debido a cuestiones sindicales…”
“SITRAM no paga”, “GACM solapa a SITRAM”; “Exigimos pagos puntuales, no somos socios de las empresas ni de SITRAM”; “No nos roben”, son algunas de las consignas que presentaron los manifestantes, la mayoría firmadas por “Sindicatos Unidos”, según una revisión al archivo de la agencia MVT y reportes en El Universal y El Sol de México.
Derivado de estos hechos, en julio de 2016 el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México firmó un “Convenio Intersindical de Participación”, en el que reconoció los contratos de otros sindicatos y su derecho a participar en las negociaciones.
Según este documento, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) obtuvo el 40 por ciento de los contratos; la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) el 25%; el Congreso del Trabajo 25% y el SITRAM se quedó con 10%.
El reparto de contratos fortaleció aún más el conflicto de interés: Uno de los organismos que forman parte del Congreso del Trabajo es el SITRAPRESC, el sindicato en el que aparece González Apaolaza como secretario de Actas y Acuerdos.
Además, Ramón Ojeda Silva fue presidente del Congreso del Trabajo entre 2014 y 2016.
TARIFAS CONTROLADAS
Aristegui Noticias tiene documentos sobre cuatro negociaciones de tarifas entre GACM y sindicatos; En dos firmó González Apaolaza con sus excolaboradores.
El 1 de julio de 2016, fijaron una tarifa de siete pesos por el primer kilómetro recorrido y 3.5 por los demás. Firmaron González Apaolaza, Ojeda Silva y el resto de representantes sindicales.
Una minuta del 26 de marzo de 2018 indica una nueva negociación de precios entre GACM, la empresa COCONAL, el consorcio CARGIPROPEN y los representantes sindicales.
De esta manera, el proyecto más ambicioso de la administración de Enrique Peña Nieto estuvo controlado en todos sus frentes por una red de sindicatos y funcionarios que no operaron de manera independiente.
