Clara Gómez González, una de las tres testigos de la masacre ocurrida en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio de 2014, exige saber por qué se dio la orden a los elementos del Batallón 102 de Infantería de matar a las 22 personas que se encontraban en el interior de la bodega en la comunidad San Pedro Limón, entre quienes se encontraba su hija Erika.
“Quiero que se haga justicia y yo quiero saber la verdad, toda la verdad. Y lo más importante para mí es que la cadena de mando sea investigada. Quiero saber por qué se dio la orden de matar, para acabar con esas 22 personas. Y quiero que me den acceso a los expedientes para averiguar lo que hay allí y ver lo que el Gobierno está ocultando”, dijo Gómez González en una entrevista con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina que es publicada por la organización Open Democracy.
Clara fue entrevistada por la revista Esquire en septiembre de 2014. Su testimonio sirvió para desmentir la versión oficial que hasta ese momento sostenía que lo ocurrido en Tlatlaya fue un enfrentamiento entre elementos del Ejército mexicano y presuntos criminales. Durante todo este tiempo, Clara fue identificada como “Julia”. Ella estuvo en el lugar de la masacre porque había ido a buscar a su hija Erika, una adolescente de 15 años que fue la única mujer de los 22 asesinados de esa madrugada del 30 de junio de 2014.
Ahora exige que toda la cadena de mando responsable de lo ocurrido ese 30 de junio en Tlatlaya rinda cuentas; también pide tener acceso a los expedientes de los procedimientos judiciales militares afines, que se mantienen apartados del público e incluso de víctimas o partes interesadas, como ella misma.
Dijo que no se ha investigado a quien se llevó a Erika lejos de Arcelia. Menciona que aunque el Estado dijo inicialmente que el grupo en el almacén Tlatlaya estaba relacionado con el cártel Familia Michoacana, no ha indagado la participación de este grupo en el tráfico de personas o en la retención de niñas en contra de su voluntad.
Por el contrario, dijo, los funcionarios estatales siguen insistiendo en que Clara y Erika eran parte del grupo criminal.
“Quiero que quede claro que ni mi hija ni yo somos traficantes de droga, como lo han dicho antes. Debido a que el gobierno no ha reconocido esto. Quiero que se haga justicia y yo quiero saber la verdad, toda la verdad. Y lo más importante para mí es que la cadena de mando sea investigada. Quiero saber por qué se dio la orden de matar, para acabar con esas 22 personas. Y quiero que me den acceso a los expedientes para averiguar lo que hay allí y ver lo que el gobierno está ocultando “, dijo Clara al CELS para el artículo que es publicado en Open Democracy.