Debido a las violaciones que se cometieron en el proceso contra las comunidades indígenas, particularmente en San Francisco Xochicuautla, El Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, otorgó la suspensión definitiva del proyecto de construcción de la autopista Aeropuerto de Toluca – Interlomas Naucalpan, propiedad de Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú.
Dicha comunidad solicitó el amparo y exigen a los empresarios y autoridades, acatar la resolución y abandonar las obras de construcción de la autopista, pues han dejado de tener sustento legal para estar en el lugar.
Ante esta situación la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), emitió también una alerta, para que desocupen los territorios otomís en San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, detallando que:
“Las suspensiones concedidas por el Poder Judicial de la Federación tienen el objetivo de proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas, como el derecho al territorio, a la autodeterminación, al agua, la cultura, a la libertad de culto, y a los recursos naturales, entre otros, mientras dure el juicio. Lo anterior implica que la comunidad tiene la posesión legal del territorio expropiado y en consecuencia, ni la empresa ni las autoridades del Estado involucradas cuentan con fundamento legal alguno para continuar las obras de construcción de la autopista por dicho periodo”.
La reconocida organización defensora de derechos, quienes están en su vigésimo quinto aniversario, detallaron que aunque esta suspensión es un gran paso para las comunidades indígenas, aún falta que la empresa finalmente reconozca el daño de fondo que genera su proyecto y anuncie la cancelación definitiva del trazo carretero, criticado también por la comunidad científica, debido a la devastación de los frágiles bosques de los que dependen en gran medida el sistema hídrico que abastece de agua a las ciudades de México y Toluca.
El organismo recordó también las amenazas que ha habido contra integrantes de la comunidad, por lo que hizo un exhorto a la opinión pública a estar pendientes del caso, además de exigir a las autoridades el cumplimiento de la ley.
