Después de casi sesenta años de existencia, con más de 850 muertos a sus espaldas, ETA anunció hoy su disolución, sin haber conseguido ningún objetivo político y con casi 300 terroristas en cárceles de España y Francia, gracias a la labor judicial y policial, que han ido cercando a la banda.

El grupo terrorista nació a finales de los años 50 del pasado siglo, en plena dictadura franquista, y en esta primera etapa cometió su atentado más espectacular: el asesinato en 1973 en Madrid del entonces presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, cuyo coche saltó por los aires al estallar una bomba colocada bajo el asfalto.

Sin embargo, ETA desarrolló la mayor parte de su actividad en democracia, sistema político que intentó desestabilizar en los primeros años, tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, con múltiples atentados dirigidos sobre todo contra militares y fuerzas de seguridad.

El primer crimen reconocido por la banda fue el de un guardia civil en 1968 y el último, un gendarme asesinado en Francia en 2010.

Entre medias, la banda aterrorizó al País Vasco y al resto de España con atentados, secuestros y extorsiones.

Los años con sangrientos fueron 1980, con 98 víctimas, seguido de 1979 (con 76) y 1978 (con 66), en plena transición política de la dictadura a la democracia.

Aunque el discurso de ETA era que luchaba contra el Estado español que oprimía al pueblo vasco, el 40 por ciento de sus víctimas fueron civiles por atentados indiscriminados con bombas: El más cruento fue el de un supermercado en Barcelona (noreste), en 1987, donde murieron 21 personas.

Después de años de ataques, principalmente dirigidos a militares, policías o guardias civiles, en 1995 ETA inauguró una nueva estrategia conocida como “socialización del sufrimiento”.

A partir de entonces asesinó a 25 políticos, sobre todo del Partido Popular (PP, centroderecha) y del PSOE (socialistas), pero también a periodistas, jueces y abogados, como el expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente.

El más impactante en la sociedad española fue el del joven concejal del PP de la localidad vasca de Ermua Miguel Ángel Blanco, asesinado en julio de 1997 después de dos días de secuestro.

Su muerte provocó una ola de indignación y de movilizaciones conocida como “Espíritu de Ermua” que, junto con el movimiento “Manos Blancas” surgido tras el asesinato de Tomás y Valiente, hizo que ETA perdiera parte de su apoyo social.

Durante años, la organización terrorista había contado con el soporte de una parte de la población y el silencio, asustado o cómplice, de otros.

Además de los asesinatos, ETA utilizó el secuestro como arma para conseguir dinero y aterrorizar a la población.

De los 79 secuestros que llevó a cabo, el más largo fue el del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que duró 532 días.

Tampoco faltaron las extorsiones a empresarios vascos, a los que la organización reclamaba el llamado “impuesto revolucionario”, y que provocó que muchos de ellos trasladaran sus negocios fuera de la región.

A lo largo de casi cinco décadas, los distintos gobiernos de España intentaron acabar con ETA, tanto por la vía policial y judicial como por los contactos discretos, entre ellos los conocidos como “conversaciones de Argel” a finales de los 80.

También existe una página oscura en este combate al terrorismo, con la actuación de los llamados GAL, grupo con vinculación con las fuerzas del Estado que hizo la guerra sucia a la banda en los 80, con más de veinte asesinatos.

En octubre de 2011 ETA anunció “el cese definitivo de su actividad armada”, cercada por las actuaciones policiales, tanto en Francia como en España, con desarticulaciones sucesivas de sus cúpulas dirigentes.

Desde entonces dio nuevos pasos hacia su disolución. El más reciente fue el pasado 20 de abril, cuando reconoció el “daño causado” a las víctimas y les pidió perdón, aunque solo a las que no estaban relacionadas “directamente” con lo que ellos siempre califican de “conflicto”.

ETA llega al final de sus días con casi 300 miembros en la cárcel (245 en España y el resto en Francia) y sin haber llegado a ningún tipo de acuerdo con el Gobierno español para su excarcelación o el acercamiento a prisiones del País Vasco.

En el fin de ETA ha contribuido Francia, que pasó de ser el “santuario” etarra a convertirse en un eficaz colaborador de España contra la organización terrorista.