A los combustibles les añaden moléculas de alta tecnología y, a lo largo del proceso y en puntos de venta, aparatos especializados identifican esa molécula y reconocen si es producto lícito o robado.
México tiene muchos retos, pero uno muy destacado, por su alto impacto en las finanzas públicas, es el llamado huachicoleo. Estudios indican que Petróleos Mexicanos pierde cada hora alrededor de 2 millones de pesos (mdp) por robo de combustible. Esto resulta en una cifra que ronda los 20,000 mdp anuales y que, llevada al total de los años que el país ha padecido esta fuga de recursos, da una cifra inimaginable.
En esta ocasión, nos enfocaremos en el serio desafío que esto representa para las finanzas públicas, teniendo en cuenta que gran parte del desarrollo económico del país está basado en el sector energético, principalmente en lo referente a hidrocarburos (en 2017, la nación recibió alrededor de 19,000 millones de dólares por concepto de exportación de crudo).
Más allá de la inversión en el monitoreo de las redes de distribución de este tipo de energéticos, la tecnología nos brinda una solución que ya otras naciones han implementado y que es una oportunidad importante para subsanar el desfonde de los ingresos gubernamentales del país: la trazabilidad.
Este concepto, nuevo para muchos de nosotros, ha estado vinculado a productos de consumo desde hace años (principalmente en países europeos y en Estados Unidos), pero, gracias a los avances tecnológicos y a la investigación, es una realidad que permite “marcar” físicamente el combustible para identificar su origen lícito y su uso.
En términos sencillos, a los combustibles (gasolinas y diésel) se les añaden moléculas de alta tecnología y, a lo largo del proceso y en los puntos de venta, unos aparatos especializados identifican esa molécula y reconocen si es un producto lícito o robado. Esta medida se usa para inhibir robos en el trayecto de las refinerías al punto de venta.
La lectura de la marcación se realiza en el sitio de almacenamiento, donde los energéticos están listos para venderse al público, que es cuando la gasolina o el diésel ya tiene la totalidad de los componentes necesarios para ser utilizado por el consumidor final.
Con estas moléculas, el combustible viaja a los centros de distribución y estaciones de servicio, por lo que es posible seguirle el rastro hasta que es despachado a los consumidores. Así se puede obtener información del lugar de origen del energético, quién lo elabora, de qué centro de almacenamiento proviene y muchos datos más. Adicionalmente, es importante señalar que la marcación respeta la composición química original, por lo que el rendimiento en los vehículos es exactamente el mismo.
Al trazar el camino de las gasolinas y el diésel, tenemos pleno conocimiento de cuánto se produce y cuánto se vende en el mercado legal, detectando, así, la cantidad que se extrae ilegalmente. La información utiliza tecnología Blockchain, es decir, datos blindados contra alteraciones o modificaciones, por lo que la confiabilidad es muy alta.
Así, pues, los esfuerzos para combatir el robo y la venta ilegal de combustibles en México podrían ser mucho más efectivos, en un contexto en el que la pérdida de los ingresos por este delito impide que se destinen mayores recursos a programas sociales o a construcción de infraestructura.
Otro beneficio del sistema de trazabilidad es asegurar al consumidor que la gasolina o el diésel que obtiene no está diluido y tampoco es de menor calidad, una práctica recurrente que afecta a los vehículos, provocando pérdidas económicas para sus dueños.
Este modelo ya está presente en muchos países del mundo, incluyendo África del Sur, Tanzania, Serbia y Filipinas, donde se utiliza para mantener un mercado ordenado y confiable, además de que se evita la evasión fiscal con la venta de combustible robado.
Conforme a los principios anunciados, la administración federal que está entrando en funciones puede capitalizar las soluciones que otras latitudes ya están implementado y que les sirven para garantizar el Estado de derecho, a través del cumplimiento de obligaciones como el pago de impuestos, y para brindar seguridad a la ciudadanía con el combate a delitos como el robo de combustibles.
*Director de operaciones de SICPA y experto en trazabilidad.
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