El Representante Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), acreditó la probable responsabilidad de tres sujetos en el delito de secuestro, ilícito por el que la Autoridad Judicial con sede en Zumpango determinó vincularlos a proceso.
Los presuntos secuestradores fueron identificados como Israel Ambrosio Hernández, de 34 años de edad; Jonathan Cristian Sierra Ruiz, de 25 años, y Luis Enrique Alvarado Oropeza, de 21 años.
Estos individuos enfrentan cargos por el secuestro de una mujer, registrado el pasado 5 de agosto, en el municipio de Apaxco, donde los presuntos delincuentes arribaron a un negocio de comida, ubicado en la Avenida Juárez, de la colonia El Tablón Chico, donde presuntamente sometieron a la víctima y por la fuerza la subieron a un vehículo compacto, a bordo del cual la trasladaron a un inmueble donde la mantuvieron cautiva.
Los presuntos secuestradores luego se comunicaron con el dueño del negocio donde labora la víctima.
Y presumiblemente le exigieron un pago a cambio de liberar a la mujer.
Posteriormente la víctima fue dejada en libertad en el municipio de Zumpango, por lo que denunció los hechos ante esta Institución.
Cabe mencionar que días después, estos sujetos fueron detenidos por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES), cuando supuestamente tenían privada de la libertad a una persona, por lo que fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público, quien inició una indagatoria por los hechos, y derivado de las investigaciones los relacionó también con el secuestro ocurrido en Apaxco, el pasado 5 de agosto.
Mediante una diligencia de confronta, llevada a cabo conforme a los protocolos correspondientes, y con estricto apego a derecho, los tres sujetos detenidos fueron plenamente identificados por la víctima, como los mismos que la secuestraron y mantuvieron cautiva en un inmueble del mencionado municipio.
Ambrosio Hernández, Sierra Ruiz y Alvarado Oropeza, quedaron a disposición de un Juez, autoridad que luego de revisar los elementos de prueba recabados y aportados por esta Representación Social, los vinculó a proceso, con un plazo de dos meses para el cierre de investigación, sin embargo se les presume inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.
