En un 2018 marcado por las elecciones legislativas, el presidente de EE.UU., Donald Trump, recrudeció su cruzada contra la inmigración con tuits, decretos y despliegues de tropas, que se han topado con la oposición de tribunales, gobiernos estatales e, incluso, con parte del estamento militar.

Consciente del rédito que le proporcionó el discurso del miedo en los comicios presidenciales de 2016 que le llevaron a la Casa Blanca, Trump adoptó en su segundo año de mandato un tono más virulento contra quienes aspiran a vivir en territorio estadounidense.

Estos ataques tuvieron un blanco preferente -los latinoamericanos- y un escenario bien definido: la frontera con México.

Trump comenzó el año de la misma manera que acabó 2017, amenazando con un cierre de Gobierno si el Congreso no accedía a financiar el muro fronterizo que, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las grandes promesas incumplidas de su campaña presidencial.

Ante el enroque de ambas cámaras, el mandatario acabó aprobando un presupuesto que apenas contemplaba una partida de 1.600 millones de dólares para iniciar la construcción del muro en la frontera con México, muy lejos de los 25.000 millones que había pedido al Legislativo.

Lejos de amilanarse, el mandatario optó por adoptar otro tipo de medidas que sirvieran para disuadir a los migrantes -a los que se ha referido en numerosas ocasiones como “gente mala” y “tipos duros”- que, asegura, vienen a sembrar el caos en el país.

La primera de estas medidas fue la llamada política de “tolerancia cero”, que consistía en separar a padres e hijos en la frontera.

Esta decisión, que fue adoptada por decreto, generó una considerable reacción de repulsa por parte de numerosas organizaciones civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que llegó a tildar la normativa de “culmen de la irracionalidad” y la denunció ante los tribunales.

Finalmente, después de haber separado a 2.667 pequeños de sus progenitores, una corte de San Diego ordenó al Ejecutivo la reunificación de las familias en un plazo de 30 días.

Tras este fracaso legislativo y ante la imposibilidad de levantar el muro, el Gobierno ordenó en abril el despliegue de la Guardia Nacional en el sur del país para salvaguardar la frontera.

Esta medida se encontró con la oposición de varias Administraciones estatales, que son las que en última instancia deben solicitar -y financiar- el despliegue de los reservistas, con lo que Trump volvió a sufrir un nuevo revés en su política migratorio.

Harto, quizá, de las trabas y molesto por el avance de varias caravanas de migrantes procedentes de Centroamérica a escasos días de la celebración de las elecciones legislativas del 6 de noviembre, el presidente ordenó en octubre el despliegue de más de 5.000 soldados regulares a lo largo de la frontera con México.

Ante el revuelo causado por esa decisión y por las palabras de Trump, quien insinuó que las tropas podrían abrir fuego en caso de ser atacadas con piedras, el Pentágono salió al paso para aclarar que su única misión era prestar apoyo logístico al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

A pesar del constante goteo de imágenes de militares reforzando la valla que separa ambos países en algunos tramos, la llegada de miles de migrantes a Tijuana hizo temer a la Administración que algunos decidieran desmarcarse y optaran por cruzar ilegalmente la frontera para pedir asilo.

Comenzaron entonces las presiones vía Twitter de Trump, quien amenazó al Gobierno de México con cerrar la frontera, y volvieron las órdenes ejecutivas, con la prohibición por decreto de la solicitud de asilo para quienes no presentaran su caso en los puestos aduaneros.

Una vez más, los tribunales reaccionaron y bloquearon la medida.

Los comicios habían pasado ya; los republicanos habían perdido su mayoría en la Cámara de Representantes pero habían mantenido el control del Senado, y la inmigración volvía a ceñirse a algún tuit esporádico de Trump.