Al inaugurar el Foro “El Estado Mexicano en las Agresiones a Periodistas”, donde se destacó que, de acuerdo con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), uno de cada tres asesinatos de periodistas ocurridos en el lapso 2010-2015 en América Latina ocurrió en México, la coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nahle García, afirmó que este gremio vive “una terrible situación, ante la cual no podemos resignarnos ni estar de brazos cruzados”.
En el evento, el secretario de la Comisión de Radio y Televisión, diputado Virgilio Caballero Pedraza (Morena), mencionó que datos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, revelan
que México es el país más peligroso de América para ejercer el periodismo.
Caballero Pedraza apuntó que según el Informe anual de violencia contra la prensa de Artículo
19, en 2015 se registraron 397 agresiones contra medios de comunicación y
periodistas en nuestro país, convirtiéndolo en el año más violento desde 2009.
Asimismo, detalló que del periodo 2009 al 2015, 860 de agresiones a periodistas
fueron cometidas por autoridades.
Refirió que este informe destaca que en el último año las agresiones han aumentado 22 por ciento;
los estados donde se reportan más casos son la Ciudad de México, Veracruz,
Oaxaca y Guerrero; sin embargo, las cifras en entidades como Tamaulipas, Chihuahua
y, más recientemente, Puebla y Guanajuato, se han vuelto preocupantes.
Calificó de alarmante la falta de respuesta de las autoridades, pues mientras exista impunidad
continuarán las agresiones a periodistas. “El dato más revelador y, al mismo
tiempo escalofriante, es que los funcionarios públicos son los principales
agresores de los periodistas”.
“Estos hechos son un indicio de la fragilidad de las instituciones. El hecho de que los perpetradores
sean los que debieran garantizar los derechos de los periodistas y los
defensores de derechos humanos, nos debe hacer pensar sobre qué punto el
sistema democrático pende de un hilo.
“Uno de los índices más importantes para conocer la democracia de un país es el respeto a la
libertad de expresión y es evidente que esto supone que el Estado garantice las
condiciones necesarias para el ejercicio de esta profesión. No podemos permitir
que se siga silenciando a las voces críticas que incomodan a los poderes,
cualquiera que éstos sean”, destacó.
La diputada Rocío Nahle García reconoció que este gremio vive “una terrible situación, pero no
sólo ello pues, además, México es uno de los países más violentos del mundo con
feminicidios, asesinatos, desapariciones forzadas y trata de personas”.
Agregó que ante las agresiones a periodistas “no podemos acudir a instancias internacionales,
donde todo mundo se alarma porque hay más muertos aquí que en Irak o en Afganistán,
por la publicidad que nos dan allá”.
Esta descomposición social, apuntó, ocurre por la corrupción, que ha ido creciendo
de manera exponencial y “porque hay una total impunidad, porque el sistema
político está podrido”.
Sostuvo que éste es un tema muy grave, no es menor. “La clase del poder, con la impunidad y
silencio, se vuelve cómplice”; de ahí que destacara la importancia del foro y
sus conclusiones.
El diputado Renato Josafat Molina Arias (Morena) indicó que “todo lo que se mencione aquí,
nos nutre para hacer propuestas legislativas. Nos vamos a dar a la tarea de
promover iniciativas para ayudar al periodismo y la libre expresión en el
país”.
El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, integrante de la Comisión de Radio y Televisión,
dijo que la indiferencia del Estado ha generado que se reporten menos agresiones
y denuncias, en gran medida por el nivel de desconfianza y el miedo no sólo en
la autoridad, sino en la clase política.
Ricardo Nájera Herrera, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos
contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la
República, expuso ante los legisladores que este organismo, en el último
trimestre, ha determinado 51 Averiguaciones Previas y 12 carpetas de
investigación, “las cuales caminan cada una con cuerda separada”
Mencionó que es difícil sacar el trabajo. “Ante la limitación de personal, realizamos acciones
conjuntas con delegados de la PGR en todo el país, para responder a las
necesidades que tiene cualquier periodista cuando es objeto de una agresión”.
Dijo que a la FEADLE le preocupa que se haga justicia y si el hecho delictivo no se puede probar contra
la libertad de expresión, se va de la mano con la autoridad local para tener
una mayor capacidad en el proceso que se le sigue a las denuncias.
Subrayó que los periodistas sufren agresiones, como las padecen todos los ciudadanos en cualquier parte del país, y los casos suelen levarse al fuero común.
Apuntó que la Fiscalía cuenta con una policía adscrita de manera directa y con agentes del Ministerio
Público capacitados específicamente en la materia de derechos humanos, es
decir, que quienes la conforman son defensores de estas garantías.
“Hemos actuado de manera muy constante en todos los temas. No podemos atraer ni tener todo, pero
hemos atraído más de 40 asuntos en los que se trabaja, esto no es la solución, buscamos
que se haga justicia en todos y cada uno de los casos donde un compañero y
amigo periodista tiene alguna circunstancia difícil”.
Mencionó que el organismo a su cargo ha capacitado alrededor de 3 mil 600 a comunicadores y
funcionarios en más de 20 estados, en materia de prevención del delito y de
actuación de periodistas.
También, agregó, se ha acercado a las autoridades del fuero común, de los tribunales superiores
de justicia, procuradurías o fiscalías para entablar constante comunicación. “Trabajamos
varios asuntos que por el momento no podemos asegurar que están ligados al
quehacer del periodista y concretamente a violaciones a la libertad de
expresión”.
En su oportunidad, el director adjunto de Recepción de Casos y Reacción Rápida, del
Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas, Julio César Díaz Herrera, reconoció la falta de confianza de los
periodistas en este mecanismo; “por eso no se acercan, es innegable”.
Destacó la necesidad de propiciar un mayor contacto con los periodistas, para que conozcan las
responsabilidades y limitaciones legales del mecanismo de protección y generar
esa seguridad. “No somos una vara mágica, tenemos que generar la confianza y
esa se logra a través de resultados; intentamos que sean mejores, sin levantar
falsas expectativas”, comentó.
Explicó que cada día en que no reciban una agresión, es un éxito. De ahí la importancia de
contar con la coordinación ejecutiva de este órgano integrado por las
secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública,
así como de la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, y dos periodistas y dos defensores del Consejo Consultivo
(sociedad civil), cuyas decisiones y actuaciones son consensuadas.
La periodista
Anabel Hernández subrayó que en México ya no hay ningún refugio seguro para los
periodistas perseguidos o amenazados; sólo en la actual administración 33 han
sido asesinados, 11 en lo que va de este año, y únicamente 12 por ciento de las
agresiones se han consignado a un juez, pero no hay ninguna sentencia.
Aseguró que “la matanza de comunicadores va en aumento, porque las leyes que los protegen están
en papel, para que el gobierno limpie su imagen ante la comunidad
internacional, pero en realidad las normas no se aplican, no funcionan”.
De 2013 a la fecha, indicó, docenas de reporteros en México han sufrido, con impunidad, golpes de
policías, amenazas de muerte o censura, “como en el caso de la comunicadora
Carmen Aristegui, quien no ha conseguido un espacio libre para volver a la
radio y ser la única voz, prácticamente, que le da un sentido a la libertad de expresión en nuestro
país”.
“Los agravios a la libertad de prensa en México ocurren todos los días y a todas horas, y los
más afectados no son los medios de comunicación ni los reporteros, sino la sociedad.
Quienes matan u ordenan la muerte de periodistas tienen el objetivo de asesinar
el derecho fundamental de la sociedad a estar verazmente informados”, subrayó.
Consideró que sin información veraz e independiente “la sociedad está capturada por la
propaganda del gobierno, grupos económicos y el crimen organizado”.
Pese a todo, expresó, “seguimos en pie, no sólo por los compañeros perdidos, sino porque también
sabemos que en esta terrible crisis nuestro trabajo es útil a la sociedad. Continúo
mi trabajo inspirado en compañeros periodistas, incansables defensores de
derechos humanos y en todas las víctimas de México que no tienen voz”.
En las mesas de trabajo, se presentaron de Marta Durán de Huerta Patiño, periodista de la
revista Proceso; Fabiola González Barrera, coordinadora de Redes de
Periodistas; Ernesto Ledesma Arronte, director de Rompeviento TV, y Geraldina
Lázaro Ávila, jefa de producción de la Red de Comunicadores Boca de Polen.
También, Pilar Tavera Gómez, miembro del Consejo Consultivo de Protección a Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas, Ana Cristina Ruelas, directora general de Artículo
19 para México y Centroamérica y Elia Baltazar González, periodista
independiente.
