Sin juzgar con perspectiva de género ni tomar en cuenta las denuncias previas de violencia familiar y de género, el poder judicial del Estado de México ha dado ventajas para que un agresor de mujeres quede impune y ahora, su víctima, sea perseguida judicialmente por no poder pagar una pensión.
Esta es la historia de Laura (cuyo nombre completo se omite por razones de seguridad), una mujer que día a día es hostigada y amenazada por su exesposo Carlos Alberto G.G., en el Estado de México, una entidad que, a pesar de tener dos Alertas de Violencia de Género, acumula cada año el mayor número de víctimas del delito de feminicidio (145 en 2021) en todo el país.
Carlos Alberto es un hombre con recursos económicos y conocimientos especializados en tecnologías de la comunicación, lo que le ha permitido mantener hackeadas las redes sociales y el teléfono celular de Laura. Aunque ella ha denunciado ésta y otras formas de violencia en múltiples ocasiones, él ha librado la cárcel ya que los distintos Ministerios Públicos y juzgadores que han conocido el caso, le han dado oportunidades para que siga libre, pagando multas económicas menores, desconociendo las violencias y dejando que nadie vigile que no reincida.
En contraste, Laura perdió la custodia de su hijo menor, tuvo que dejar su casa, salir a rentar, y gastar todos sus ingresos en defenderse y protegerse porque actualmente es perseguida por el Juzgado Segundo de lo Familiar, en el Estado de México, para que pague una pensión para su hijo, quien —influenciado por vivir tantos años con Carlos Alberto y ya mayor de edad— ahora también ejerce violencia contra ella.
Negligencias en denuncias por violencia
Laura se casó con Carlos Alberto en 1998, cuando ella tenía 23 años y él 25 años de edad. Él es comerciante y socio de una empresa de telecomunicaciones. Desde el día que se casaron, Carlos Alberto prohibió a Laura trabajar y cada vez que ella conseguía un empleo, él le impedía entrar a su casa.
Luego de vivir distintas formas de violencia, decidió denunciar a Carlos Alberto por primera vez por violencia familiar en 2004 en un Ministerio Público de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. En esa época, el oficial conciliador y calificador que la atendió Moisés Guzmán Tinoco, le dijo que el problema se resolvería si ella dejaba de trabajar y sólo consignó los hechos en una querella pero no inició ninguna denuncia formal.
Laura y Carlos Alberto volvieron a estar juntos y luego tuvieron una hija y un hijo, ella de ahora 23 años de edad y él actualmente de 20 años, pero la violencia nunca cesó. Por el contrario, escaló a violencia física y verbal.
En un periodo de 13 años, Laura intentó al menos tres veces denunciar los distintos hechos de violencia pero las autoridades municipales nunca la atendieron, por el contrario, la enviaban de una oficina a otra sin abrir ninguna denuncia formal ni dictar una orden de protección para que ella pudiera quedarse en su casa, con su hija e hijo, y a él se le impidiera acercarse.
“Inclusive por teléfono intenté hacer una denuncia y lo único que me dijeron fue: lo que tiene que hacer es divorciarse pero tampoco me dieron un lugar a dónde ir”, dijo Laura en entrevista.
A la par de Laura, otras personas cercanas a ella también intentaron denunciar a Carlos Alberto, ya que reiteradamente amenazaba de muerte o de agresiones a cualquiera; no obstante, ninguna de estas denuncias procedieron en el Estado de México porque estos insultos eran catalogados como amenazas, lo cual no está contemplado en el Código Penal de la entidad.
Fue hasta el 2017, cuando un policía presenció hechos de violencia física, que Laura supo cómo denunciar a su agresor. Acudió a la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, ubicada en el municipio de Chimalhuacán, e inició una denuncia (con folio ECO729/17) por violencia familiar el 27 de diciembre de 2017.
Pese a que los policías atestiguaron la violencia, la Fiscalía no dictó ninguna medida de protección para Laura, por el contrario, iniciaron un proceso de investigación que llevó cerca de 6 meses y que requirió seis pruebas de psicología, un estudio de campo con entrevistas a vecinas y vecinos, y visitas al médico legista.
“Es un procedimiento tardadísimo. Yo llegué a ver mujeres muy golpeadas que ni siquiera les dieron el servicio ese día. Iban a escondidas para tratar de denunciar y no les hacían la denuncia, desde ahí veo que es muy difícil”, señaló Laura.
En medio de este tiempo, la Ministerio Público a cargo del caso, María del Rosario Macías Briones, cometió varias negligencias, por ejemplo, perdió los exámenes periciales que le hicieron a Laura y tardó mucho en recuperarlos, a pesar de que solo debía pedir una copia a quienes los expidieron.
Tras este proceso, el MP finalmente pudo comprobar el daño que Carlos Alberto hizo a Laura, con lo que se inició un juicio que concluyó el 29 de enero de 2021.
El Juzgado de Control en Nezahualcóyotl, a cargo de Ricardo Cárdenas Francisco, encontró a Carlos Alberto como culpable de violencia familiar pero solo le ordenó pagar una compensación económica de 26 mil pesos como reparación del daño psicológico. El Juzgado le dio una segunda oportunidad a Carlos Alberto: quedar libre de castigo a cambio de vivir un año sin molestar a Laura, no salir del país y tomar terapias psicológicas.
“Yo no quería que le dieran un año de prueba porque había luchado mucho para que le dieran su castigo y le pusieran un alto, y con esto le abrieron la puerta para que continuara. Ese día estuve llorando en la audiencia y me decían que me tranquilizara pero yo de coraje no podía”, relató Laura.
No obstante esta condición, Carlos Alberto siguió molestándola: le enviaba mensajes de amenazas y ofensas todo el tiempo. Laura avisó a la funcionaria Yuridia Canto, del Centro Estatal de Revisión de Medidas Cautelares, que quedó encargada de dar seguimiento a esta orden de protección, pero la funcionaria le dijo que eso no era de importancia y lo dejó pasar.
Nadie avisó a Laura la fecha que se llevaría a cabo la audiencia para determinar si Carlos Alberto cumplió con lo ordenado o no, por lo que ella no tuvo oportunidad de exponer las pruebas. Aunque ella reclamó al MP y a su abogada de oficio, ya poco pudo hacer “porque el caso estaba juzgado”, le dijeron.
“Obviamente sí te dicen que si él vuelve a reincidir la cosa es más difícil y pues sí, la cosa ha sido más difícil pero para mí porque ya reincidió y sigue, no ha parado. La violencia ha sido constante”, declaró.
Un divorcio desigual
En medio de este proceso, el 21 de mayo de 2018, Laura inició una demanda de divorcio, solicitó la separación de bienes y aunque quiso pedir la guarda y custodia de su hijo que entonces tenía 17 años de edad, éste le dijo que se evitara problemas con su papá y que lo dejara con él, además de que ella no tenía un espacio qué ofrecerle.
Durante el proceso de divorcio no se tomó en cuenta ninguno de los antecedentes de violencia que presentó Laura ni se hicieron valoraciones psicológicas o médicas al respecto.
Diez días antes de que saliera la sentencia de divorcio, Carlos Alberto agredió a Laura en su lugar de trabajo, rompió la chapa de la puerta de entrada con un martillo y destruyó todo lo que encontró a su paso.
Cuando salió la sentencia, dictada por la jueza Blanca Comenarez Sánchez, se estableció que Laura -desempleada en ese momento y sin lugar dónde vivir- tenía autosuficiencia económica, que Carlos Alberto se quedaba con la custodia de su hijo y que ella debía pagar lo equivalente a un salario mínimo diario de pensión, que no hubo violencia en la relación y que no había bienes qué pelear, lo que dejó a Laura (que por años fue impedida para trabajar) en la desprotección económica y la hace víctima de violencia institucional.
Ese día Laura seguía impactada por la violencia de los días previos, su abogado llamado Delfino Vizcaíno, que Laura sospecha, estaba coludido con Carlos Alberto, no le explicó debidamente esta sentencia y cuando ella quiso apelar, ya había vencido el tiempo.
Laura inició una incidencia (juicio menor dentro de otro) para insistir y pelear la separación de bienes. Si bien quiso iniciar más incidencias por cada uno de los términos en los que quedó la sentencia, esto no fue viable porque cada uno de estos pequeños juicios tienen costos económicos para las víctimas.
Durante un año, Laura cumplió cabalmente el pago de pensión para su hijo, quien en ese tiempo fue incentivado por Carlos Alberto para que también agrediera a su mamá e incluso también la amenazara de muerte por presuntamente estar con otros hombres.
Cuando el hijo de Laura cumplió 18 años de edad, la demandó ante el Juzgado Familiar del Edomex para que continuara pagando su pensión hasta que terminara sus estudios, los cuales lleva a cabo en escuelas privadas.
Cuando llegó la pandemia, los ingresos de Laura disminuyeron y no pudo seguir pagando pero aún así continuó costeando una parte de la pensión.
Laura no puede ver a su hijo sin que sea a escondidas de Carlos Alberto o sin violencia. Mientras, actualmente debe una pensión que asciende a miles de pesos, por lo que es buscada por el Juzgado de lo Familiar para que pague o reciba una sanción.
Laura quiere que el Juzgado de lo Familiar revise nuevamente el caso pero éste perdió documentos certificados que se requieren y cuyo costo económico recayó en ella.
“Yo quisiera salvar a mi hijo. Quisiera que se lo quitaran, que le dieran terapia para que mi hijo abriera los hijos para que se diera cuenta en qué contexto ha estado.
Yo me pongo a pensar, se va a hacer un tipo como él o peor”, expresó.
La hija mayor de Laura, por su parte, tuvo que salir del Estado de México y alejarse para poder estar a salvo de Carlos Alberto, quien en algún momento también extendió las agresiones a ella.
Denuncias sin investigar
Durante todos estos años, Carlos Alnbeto persigue a Laura, principalmente a través de revisar su correo y tomar el control de sus redes sociales. De forma remota, él también extrae imágenes e información de los celulares de ella, con las cuales suele chantajearla o exponerla ante otras personas.
El 10 de agosto de 2021, Laura intentó por internet denunciar ante la policía cibernética este hackeo constante pero nunca obtuvo respuesta de las autoridades, y nadie ha atendido estas violencias.
De acuerdo con el informe “Ciberviolencia y ciberacoso contra las mujeres y niñas en el marco de la Convención Belém Do Pará”, que elaboró la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará (MESECVI) de la Comisión Interamericana de Mujeres, en el mundo, existe una falta generalizada de registros estadísticos y estudios oficiales sobre la violencia de género en línea en contra de las mujeres que permitan conocer el porcentaje real de víctimas y la prevalencia de los daños que provoca, lo que hace aún muy difícil rastrear la evolución, escala, tendencias y los impactos de este fenómeno en la vida de las mujeres.
Además, estos organismos observaron que con frecuencia, las mujeres víctimas de ciberviolencia son culpabilizadas por los actos de violencia cometidos en su contra y rara vez encuentran reconocimiento, apoyo y acceso a la justicia. Entre otras problemáticas, precisaron, existe una falta de mecanismos de denuncia adecuados, una falta de asignación de recursos técnicos y económicos suficientes para la atención de casos, carencias graves en cuanto a la capacitación y sensibilización del funcionariado de procuración e impartición de justicia, y una ausencia de esquemas de reparación del daño a las víctimas que vayan más allá de la sanción penal en contra de su agresor.
“Hasta la fecha no he encontrado dónde hacer esta denuncia y es lo que siento que tengo más grave”, señaló Laura.
El 3 de septiembre de 2021, tuvo que presentar una nueva denuncia ante la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género de Chimalhuacán, Estado de México, esta vez por violencia de género, por las veces que Carlos Alberto la ha amenazado por teléfono y las que acudió a sus espacios de trabajo a romper cosas.
Esta denuncia sí derivó en órdenes de protección que le impiden a Carlos Alberto acercarse a Laura, además de que se ordena un patrullaje constante y en momentos de emergencia. No obstante, cuando ella ha solicitado este apoyo la policía no ha llegado a tiempo. “Bien me pudo haber matado y ellos no llegaron y así me pasó muchas veces. Varias veces llamé a la patrulla y nunca alcanza a llegar”, explicó.
Laura asistía cada mes para asesoría de su caso al Centro de Servicios Administrativos ¨Ignacio Allende Bicentenario”, dependiente de la Secretaría de la Mujer del Edomex (también conocidos como Zona Narajna), pero la última vez que fue le dijeron que otra persona seguiría su caso, sin embargo no la volvieron a contactar y el Centro ya desapareció.
Con dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (una por feminicidio, declarada en 2015, y otra por desaparición de mujeres y niñas, declarada en 2019), una sentencia en 2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar todas las muertes violentas de mujeres como feminicidio, y una sentencia de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por tortura sexual contra 11 mujeres, el gobierno del Estado de México está obligado a desplegar acciones urgentes para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.
Pese a ello, esta entidad acumula cada año el mayor número de víctimas del delito de feminicidio (145 en 2021) y de desaparición de mujeres y niñas (4 mil 701 hasta este 23 de febrero) de todo el país. La entidad mexiquense aún es sede de los casos más emblemáticos de impunidad a favor de feminicidas y vuolentadores de mujeres.
