El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) alertó que el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) de indagar las muertes violentas de mujeres como feminicidio sólo cuando se presuma una intención dolosa, limita el acceso a la justicia de las víctimas al no contemplar los casos que se encubren como suicidios o accidentes.

El pasado 6 de febrero de este año entraron en vigor y fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos aprobados por la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria del CNSP, en una reunión celebrada el 21 de diciembre de 2017.

Entre estos se encuentra el Acuerdo 04/XLIII/27 cuyo apartado establece que “la Procuraduría General de la República (PGR) y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las 32 entidades federativas inicien la investigación de toda muerte violenta de mujeres de carácter doloso bajo los protocolos de feminicidio”.

Sobre esta disposición el Observatorio Ciudadano del Feminicidio objetó en un comunicado que ven con preocupación reducir la investigación de casos de feminicidio sólo ante la presunción de “homicidios dolosos” (es decir, aquellos en los que el victimario busca intencionalmente la muerte de la mujer), pues un feminicidio puede encubriese detrás de una muerte aparentemente accidental o un supuesto suicidio, como lo han documentado.

La organización agregó que el acuerdo del Consejo Nacional se ve limitado por lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) en la sentencia 554/2013, está indica que absolutamente “todas las mujeres violentas de mujeres deben ser investigados como feminicidio con perspectiva de género”.

Esta histórica sentencia se derivó del feminicidio de Mariana Lima Buendía, cuyo caso fue ejemplar sobre la necesidad de implementar protocolos especializados y agotar todas las hipótesis de investigación en las muertes de mujeres por la complejidad que pueden presentar, ya que el feminicidio de la joven de 28 años de edad se hizo pasar como un suicidio.

Mariana Lima fue asesinada en 2010 por su esposo en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, pero el caso fue indagado en un inicio como suicidio debido a que el feminicida, Julio César Hernández Ballinas, acomodó de esta manera la escena del crimen y denunció el aparente suicidio de su esposa ante el Ministerio Público local.

El conocimiento de la violencia previa que ejerció el asesino sobre Mariana Lima permitió a la madre de la víctima, Irinea Buendía, descartar el suicidio y aseguró que su hija fue ultimada por su pareja.

El caso llegó hasta la SCJN quien en marzo de 2015 ordenó a la Procuraduría mexiquense volver a investigarlo como feminicidio. En suma, para la no repetición de este hecho estableció una serie de estándares que deben realizar los Ministerios Públicos al momento de investigar la muerte violenta de una mujer y determinar la verdad de lo ocurrido.

La organización civil recordó que estos lineamientos de la Suprema Corte incluyen recolectar y salvaguardar la evidencia, la realización de pruebas forenses, el recaudo de los testimonios, reconocer si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia y analizar estas pruebas bajo la perspectiva de género teniendo en cuenta el contexto generalizado de violencia que viven las mujeres.

Ante este caso de feminicidio y otros conocidos por el OCNF como aparentes suicidios o accidentes, el OCNF alertó que el acuerdo Consejo de Seguridad de aplicar el protocolo de feminicidio únicamente en casos que se presuma una intensión dolosa, limita aún más el acceso a la justicia para las víctimas.

También ONU Mujeres en su reciente informe sobre feminicidio en México, insistió que el suicidio de una mujer es otra forma de muerte violenta por lo que requiere ser investigada mediante los protocolos de investigación del feminicidio, hasta descartar que esa muerte fue autoinfligida o que en realidad se trata de un asesinato.

De acuerdo con las cifras que presentó la organización internacional los niveles de la tasa de suicidios de mujeres en México han ido a la alza y de hecho entre 2014 y 2015 superaron la tasa de presuntos homicidios de mujeres; según las estadísticas de defunciones de la Secretaría de Salud en 2015 hubo una tasa de 2.0 muertes de mujeres con presunción de homicidio por cada 100 mil mujeres, la tasa de presuntos suicidios se colocó en 3.8.

De lo anterior ONU Mujeres analizó: “La tendencia a la alza del suicidio genera una serie de interrogantes acerca de sus causas, pero también pone en evidencia la necesidad de diseñar políticas y programas que atienda la salud mental de las mujeres. Es también la muerta de la existencia de un contexto generador de violencia feminicida”.

Además, de acuerdo con cifras del OCNF de los registros en 17 estados del país, ocurrieron 914 asesinatos de mujeres de enero a junio de 2017, pero solamente 49 por ciento fue investigado como feminicidio.