Al asegurar que todavía no ha leído el nuevo informe del caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al subsecretario de Derechos humanos Alejandro Encinas, una versión sencilla y simplificada del documento para hacerlo público.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario explicó que tras la declaratoria de crimen de Estado el pasado 18 de agosto, la Secretaría de Gobernación realizará una versión “más sencilla” del informe realizado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

“Vamos a pedirle de nuevo a Alejandro Encinas que se de a conocer el informe, los anexos, de manera sencilla pedagógica para entender bien lo que sucedió, el contexto, los dos momentos, porque primero es la detención en Iguala, la desaparición y lamentablemente del asesinato de los jóvenes”, señaló.
Según dicho informe que se logró con la investigación y reconstrucción de los hechos, participaron policías, autoridades municipales, estatales, federales y fue una acción concertada.

“Hecho lamentable porque nadie merece ser ultimado, asesinado y menos por autoridades. Imagínense 43 jóvenes, es un crimen masivo”, apuntó el presidente.

López Obrador dijo que lo segundo “también es grave” ya que en vez de investigar y castigar a los responsables se optó por ocultar la verdad, inventar algo que no correspondía a lo que había sucedido, “y ellos lo sabían“, refirió.

El primero ejecutivo dejó en claro que la COVAJ fue quien realizó este nuevo informe con el apoyo de expertos nacionales y extranjeros, y aseguró que tiene el compromiso con los padres, con México y con el mundo de esclarecer el caso ya que es un asunto de justicia.

“No podemos ocultar un crimen de ninguna naturaleza, menos de un asunto tan infame con todas sus implicaciones, hasta políticas.”, aseveró.

En esa misma línea, Andrés Manuel López Obrador informó también que con el fin de “evitar manipulación“, su Gobierno entregará toda la investigación y pruebas al Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), pues al tratarse de un asunto de Estado se debe de garantizar total transparencia.

“Toda la información completa, es una instrucción, precisamente para evitar la manipulación, la instrucción fue entreguen todo, el informe, los anexos, todo lo que se tiene que no se oculte nada”, concluyó.

La desaparición de los estudiantes se produjo entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían a la ciudad de Iguala, en Guerrero, para hacerse con autobuses en los que pretendían viajar a Ciudad de México para participar en unas protestas.

Este episodio constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en México, donde hay unos 100 mil desaparecidos, y generó fuerte condena internacional.