Desde hace más de una década los presidentes municipales en México están sometidos a amenazas, atentados y asesinatos; en los últimos 10 años han sido ejecutados al menos 70 ediles de todos los partidos y en casi todos ellos ha prevalecido la impunidad, según cifras de Autoridades Locales de México, A.C. (AALMAC) y la Nacional de Ayuntamientos y Alcaldes (ANAC).
La AALMAC que encabeza Antonio Mendoza , acusa que en la última década más de mil funcionarios municipales han sido víctimas de atentados, principalmente a manos del crimen organizado, por lo cual es urgente la acción de gobierno para frenar esta oleada de violencia.
Eso sin contar con los que se encuentran amenazados de muerte, ya sea en activo o los que de plano renunciaron a su candidatura en campaña e incluso ya en funciones como el presidente municipal de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, quien dimitió a su cargo luego de haber sido víctima de extorsión por parte del crimen organizado, según reveló la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica, semanas atrás.
A Soto Duarte le exigieron mensualmente 3 millones de pesos, por lo cual denunció el hecho y pidió protección a las autoridades.
El alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena también reveló amenazas a través de mensajes de texto en su teléfono celular, presuntamente del crimen organizado.
De hecho, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Morelos y Durango, son los estados más peligrosos para los ediles por la fuerte presencia y actividad del narcotráfico, según datos de la AALMAC) y la ANAC, asociaciones de alcaldes del PRD y del PAN, respectivamente.
Tan sólo en 2015, seis alcaldes fueron asesinados, sin que se haya esclarecido sus ejecuciones.
Datos de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), que aglutina a los ediles de izquierda detalla que en los últimos 10 años, se han registrado alrededor de 71 asesinatos de alcaldes –sin contar el de la alcalde de Temixco que se registró ayer–y seis de esos casos ocurrieron el año pasado.
Este año ya registró su primera víctima en la persona de la presidenta municipal de Temixco, Morelos, Gisela Raquel Mota, quien fue ejecutada unas horas después de haber tomado posesión de su cargo.
Hermilo Pérez Cabrera, director General de la AALMAC, precisó que según sus cifras se han registrado un total de 71 muertes de presidentes municipales.
El director de la AALMAC, Hermilio Pérez Cabrera, señaló que ante estos datos, los miembros de la asociación —que coordina a presidentes municipales mayoritariamente de izquierda— están conformando un protocolo especial de seguridad con el gobierno federal ante las amenazas que enfrentan los alcaldes en el país.
Hasta ahora el protocolo sigue en proceso de integración, pero Pérez Cabrera aseguró que cuenta con el apoyo de autoridades locales del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional.
Reconoció que actualmente ser alcalde es un oficio de alto riesgo, por lo cual la Conferencia Nacional de Municipios exigió al gobierno federal una estrategia para brindar seguridad a los ayuntamientos ante el embate del crimen organizado.
De acuerdo con esa asociación de autoridades municipales, muchos alcaldes enfrentan intimidación y mecanismos de presión por parte del crimen organizado, por lo que Pérez Cabrera advirtió que ignorar esas advertencias conlleva como “costo” la vida de personas.
“Recordemos que en esta situación que prevalece en México, en el tema de seguridad, la elección que acaba de pasar fue una muestra de cómo estuvo la inseguridad en las elecciones, y es muy importante tener un respaldo de la federación en el sentido estricto de un protocolo de seguridad, en una forma de garantizar su integridad física”, estableció.
Resaltó que esta situación no sólo corresponde a zonas determinadas del país, sino que corresponde a algunas zonas en particular en cada estado, no importa que sean alcaldes en funciones, sino también que acaban de terminar.
Ejemplo de ello fue el presidente municipal de Tanhuato, Michoacán, quien había solicitado el apoyo de la Secretaría de Gobernación, pero a raíz del nombramiento del nuevo comisionado en Michoacán, le retiraron la custodia y en menos de un mes lo asesinaron.
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