Netflix y Telemundo le tienen una respuesta a Sandra Ávila Beltrán: si por ellos corre, no soltarán un solo centavo por el uso de su imagen en la promoción de La Reina del Sur y no darán a conocer de qué tamaño es la fortuna que les ha generado la serie, como exige la defensa de La Reina del Pacífico.

En contestación al reclamo de Ávila Beltrán ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) exigiendo el pago de regalías por el usufructo ilegal de su imagen y la construcción del personaje de Teresa Mendoza copiando la vida de La Reina del Pacífico, ambas empresas estadunidenses unieron fuerzas y abrieron la cartera para defenderse y, sobre todo, proteger a uno de los productos televisivos más exitosos de la última década.

El diario Milenio obtuvo copias de las réplicas de las dos compañías de entretenimiento. De estas, se desprende que ni Netflix ni Telemundo escatimaron gastos: contrataron al megadespacho Basham, Ringe y Correa, ubicado por publicaciones especializadas entre los 10 más importantes e influyentes de México.

Y aunque en sus argumentos sostienen que la acusación de Ávila Beltrán carece de sustento jurídico, el número de manos que estarán a bordo da una idea de la importancia que le están dando al caso. En total, la firma asignó a 10 abogados y 13 pasantes para llevar el proceso.

En una defensa coordinada, dos abogados del despacho presentaron razonamientos legales prácticamente calcados que van por pedir al IMPI el desechamiento inmediato del procedimiento con el que Ávila Beltrán busca el pago de regalías por hasta 40 por ciento de lo que ha generado La Reina del Sur en la última década.

El argumento central: por ser un personaje público y notorio, La Reina del Pacífico no tiene derecho sobre su imagen y, por ende, no puede reclamar algo de lo que carece, mientras que una serie como La Reina del Sur debe ser vista como un ejercicio “periodístico”.

“Hay un interés público en hablar sobre una persona que es acusada de un delito que provoca grave violencia e incontables víctimas en nuestro país, a saber el narcotráfico, y sobre el desenlace que tuvo el procedimiento judicial respectivo. Hablar de ello no es una invasión a la privacidad de la actora ni un ‘morbo’, es una cuestión de interés público hablar sobre impartición de justicia, como se expresa en el criterio que acabo de transcribir.

Luego entonces es justificado hacer periodismo sobre la actora al existir un interés en hablar sobre impartición de justicia”, se lee en uno de los documentos remitidos al IMPI. Ambas respuestas delinean las razones por las que los dos consorcios consideran que el caso de Ávila Beltrán no tiene mérito.

En principio, tanto Netflix como Telemundo coinciden en que producir series inspiradas en el narcotráfico es un ejercicio de libertad de expresión amparado en el artículo 6to de la Constitución mexicana.

También, que la Suprema Corte de Justicia ha emitido opiniones que amparan la invasión a la privacidad de ciertas personas, máxime cuando se trata de personajes notoriamente públicos, como La Reina del Pacífico.

“Si nuestros gobernantes acusan a la actora de ser una narcotraficante y la extraditan a otro país, hay un interés de la sociedad en expresarse e informarse sobre ello (y eso) legítimamente puede incidir en la privacidad de la actora”, se expone en el recurso de Netflix.

El de Telemundo aborda el derecho que tiene una persona a su imagen, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Derechos de Autor, citada por la defensa de Ávila Beltrán. En ese rubro, cita una tesis de la SCJN: “es menor la protección a la privacidad de una persona parte de sucesos que revisten interés público para la sociedad”.