El secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas, Victoriano Wences Real (PRD), impulsa iniciativa que reforma el artículo 1803 del Código Civil Federal, a fin de evitar que los pueblos indígenas sean víctimas de fraude en casas ahorradoras o instituciones de carácter financiero.
El legislador sostiene que en el país se ha dado una serie de fraudes con motivo de la proliferación de casas ahorradoras que se establecen en las entidades federativas ofertando propuestas aparentemente benéficas, pero que sólo se aprovechan de sus usuarios.
Apuntó que estas instituciones que operan al margen de la legalidad cometen sus fraudes en contra de personas que hablan alguna lengua originaria, aprovechando esta condición para engañarlos, lo cual merma seriamente su economía.
Agregó que la pérdida de ahorros o patrimonio de los indígenas, en muchas ocasiones los obliga a viajar a Estados Unidos o Canadá para obtener mejores oportunidades de trabajo para resarcir los daños del fraude.
Destacó que estos hechos deben tomarse en cuenta toda vez que en el país existen siete millones 382 mil 785 personas hablantes de alguna lengua indígena, entre las que destacan el náhuatl, maya y tseltal, esto de acuerdo a Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Ante este panorama, el diputado Wences Real consideró necesario que dentro del marco jurídico de las relaciones contractuales en derecho privado se establezca que cuando una de las partes hable alguna lengua originaria y no entienda correctamente el idioma español, el consentimiento expreso deberá extenderse a través de un traductor que hable su lengua originaria y, además, conozca sus costumbres.
La propuesta turnada a la Comisión de Justicia, plantea que la falta de este requisito producirá la nulidad del contrato, por lo que reitera, el objetivo de brindar mayor igualdad de condiciones entre particulares.
El diputado afirma que con esta reforma se lograría aminorar la discriminación que enfrentan los pueblos originarios, ya que este sector encara una serie de dificultades por el sólo hecho de ser indígena.
Finalmente, apuntó que el Estado debe ser garante de los derechos indígenas y privilegiar el acceso a la justicia a través de sus usos y costumbres, de lo contrario se violan sus derechos humanos.
