El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se distanció el lunes de los llamamientos a que se investigue a su predecesor por la sonada desaparición de 43 estudiantes normalistas en 2014, después de que fuera arrestado un alto cargo de la anterior administración en relación con este crimen.
Las autoridades mexicanas detuvieron el viernes a Jesús Murillo, exfiscal del expresidente Enrique Peña, por cargos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia vinculados a la investigación sobre qué pasó con los estudiantes.
El secuestro y la desaparición de los 43 jóvenes en septiembre de 2014 golpearon el legado de Peña, y la versión de su gobierno sobre lo que ocurrió con los jóvenes fue posteriormente desacreditada por un panel de expertos internacionales que la revisó, conocido como el GIEI.
Durante su conferencia de prensa matutina del lunes, López Obrador fue cuestionado sobre si su antecesor también debía rendir cuentas. Él indicó que Murillo y su equipo fueron los responsables de la investigación, haciéndose eco de un nuevo informe gubernamental publicado sobre el caso.
“El informe no solicita que se abra investigación o que se solicite orden de aprehensión contra Peña”, dijo el actual mandatario, y agregó que las decisiones futuras estarán en las manos de los jueces que llevan el caso.
López Obrador asumió el cargo a finales de 2018 prometiendo esclarecer el crimen después de que el GIEI dijera que el relato oficial original de lo ocurrido estaba plagado de errores y abusos, incluida la tortura de testigos.
Sólo se han identificado definitivamente los restos de algunos de los estudiantes, que fueron secuestrados en la ciudad suroccidental de Iguala. La investigación de Murillo concluyó en su día que una banda local de narcotraficantes, que trabajaba con policías corruptos, mató a los normalistas tras confundirlos con miembros de un grupo rival.
El máximo responsable de los derechos humanos en México calificó las desapariciones de “crimen de Estado” en el que están implicados funcionarios locales, estatales y federales.
El GIEI dijo en un comunicado fechado el domingo que la investigación estaba aún incompleta e instó al Gobierno a revelar las evidencias recabadas en su nuevo informe para poder evaluar los resultados de éste.
La administración de López Obrador también ha tratado de detener a Tomás Zerón, que estuvo a cargo la agencia que encabezó la investigación de Murillo, e incluso pidió a Israel el año pasado que no le diera protección y lo extraditara.
La fiscalía general mexicana ha anunciado más de 80 órdenes de arresto para soldados, policías, funcionarios estatales y miembros de bandas en relación con el caso.
“Si la fiscalía o los jueces determinan que hay otros implicados, ellos lo van a decidir en absoluta libertad”, sentenció López Obrador.
