En México, la desigualdad de género es tan estructural que aun cuando los derechos económicos, sociales y culturales de este país no están garantizados para nadie, su incumplimiento es todavía mucho mayor cuando se trata de las mujeres, de acuerdo con información recabada por más de 150 organizaciones.

El día de ayer y hoy, el Estado mexicano es sometido a una evaluación por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Comité DESCA), de la ONU, en Ginebra, Suiza, que entre otros temas, revisa el cumplimiento de los Estados de sus obligaciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), un tratado internacional que México ratificó desde 1981. La última vez que se revisó el estado de estos derechos en México –garantías básicas para la vida digna- fue hace 12 años.

En paralelo a esta revisión, más de 150 organizaciones de la sociedad civil entregaron un informe alternativo (sombra) a este Comité, en el que demuestran múltiples violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales que cometió el Estado mexicano por acción y omisión, así como otros actores no estatales como las empresas.

El informe señaló que el Estado mexicano incumplió el artículo 3 del PIDESC, sobre equidad e igualdad de género.

“Si bien el Plan Nacional de Desarrollo (PND) incluye como uno de sus ejes transversales la perspectiva de género ‘como el centro de la política social, económica y educativa en el país’, su avance a la fecha sigue siendo limitado. Las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres continúan, siendo alarmante la violencia de género y la pobreza, en donde las más afectadas resultan ser las niñas y las mujeres”, dice el informe.

Las organizaciones señalaron la deuda del Estado de garantizar el derecho al aborto en todo el país; el fracaso del enfoque de los programas sociales para revertir la pobreza de las mujeres; y el aumento en pocos años de la violencia feminicida y la desaparición de mujeres.

También habla sobre la ausencia de materias sobre igualdad de género y Derechos Humanos en la política educativa recién reformada en México; el subejercicio de recursos para la implementación de la política de género; y el acceso diferenciado de las mujeres al agua y otros bienes naturales porque algunas instituciones no han incorporado la perspectiva de género.

En general, las organizaciones alertan que “sobre el cumplimiento de las líneas de acción y estrategias transversales del Programa Proigualdad, consideramos que es peligroso que el Estado mexicano asegure que al finalizar el 2018 se tendrá un cumplimiento del 90 por ciento de las líneas de acción del programa, ya que de 2013 a 2016, de acuerdo a lo reportado por el gobierno, solo se ha cumplido 9.1 por ciento lo cual representa aproximadamente 29 líneas de acción cumplidas de un total de 314.

Este documento señaló deficiencias y fallas en la implementación de programas centrales que beneficiarían principalmente a las mujeres, como la Cruzada Nacional contra el Hambre, que trajo más carga de trabajo para ellas y profundizó la pobreza; o el Seguro Popular, que hizo un programa especial para afiliar a mujeres embarazadas y aumentó los índices de mortalidad materna por falta de recursos humanos, económicos y materiales para atenderlas.

No obstante, el resto del informe –que desglosa datos más específicos sobre otros temas- evidencia que los desplazamientos forzados y la migración, están afectando principalmente a las mujeres indígenas, niñas y adultas mayores, cuyos recursos económicos para garantizar su subsistencia en otro lado son más limitados, o para quienes no hay servicios de salud garantizados.

En materia de trabajo también se describe la deuda del Estado para ratificar Convenios Internacionales a fin de evitar la discriminación de las trabajadoras del hogar o para extender la licencia de maternidad; y que la política de igualdad no ha tenido efectos en reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres. Entre este grupo se destacó como más vulnerables las trabajadoras del hogar y las jornaleras.

“Aunque en los últimos años se ha incrementado el número de mujeres insertas al mercado de trabajo en México, el crecimiento en números no necesariamente se tradujo en mejores y mayores oportunidades para las trabajadoras, pues el contexto de creciente precarización económica del país afecta la presencia de las mujeres en el mercado laboral; son las mujeres las que ocupan 70 por ciento de los trabajos más precarios. Según datos del Inegi: 44.1 por ciento de las mujeres trabajadoras no tiene un contrato y 44.7 por ciento no cuenta con servicios de salud”.

RECOMENDACIÓN: CUMPLIR COMPROMISOS

A fin de avanzar en el cumplimiento de sus responsabilidades, las organizaciones de la sociedad civil recomendaron al Estado mexicano armonizar las leyes y normas federales y estatales relativas a la interrupción legal del embarazo en todo el país, y derogar aquellas leyes y normas que contravengan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como establece el Proigualdad.

También llamaron a ratificar el Convenio 189 sobre las trabajadoras y trabajadores del hogar –firmado desde 2011- y el Convenio 156 para eliminar la discriminación por motivos de género en las responsabilidades familiares y laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); e incorporar el enfoque de género en la implementación de los programas sociales y de combate a la pobreza, y evaluarlo con indicadores en la materia.

Otra recomendación fue realizar evaluaciones independientes y académicas a programas sociales que cuenten con apoyos financieros del gobierno mexicano y se encuentren a cargo de organizaciones; y crear una política pública de índole nacional e integral de prevención, atención y sanción en materia de acoso sexual en todas las universidades públicas y privadas del país, que incluya elaboración de protocolos e instancias exclusivas de atención y sanción a la violencia contra las mujeres y específicamente al acoso sexual.

Las organizaciones llamaron a hacer un cumplimiento efectivo de todas las medidas establecidas en las declaratorias de Alertas de Violencia de Género, en donde se requiere el acompañamiento de personas expertas en temas de seguridad, justicia y prevención con formación de género; y reconocer el problema de feminicidio y desapariciones de mujeres en México.

Urgieron también a homologar la tipificación del feminicidio a nivel estatal con los elementos establecidos en el tipo penal federal y con circunstancias objetivas de fácil acreditación; aprobar la Ley General en materia de desapariciones, y armonizarla con convenios internacionales; y elaborar un registro único de personas desaparecidas, desglosado por sexo.