El PAN respondió con dos denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra los candidatos presidenciales de Morena-Encuentro Social y PT, Andrés Manuel López Obrador, y del PRI-PVEM y Nueva Alianza, José Antonio Meade, por presunto financiamiento ilícito y encubrimiento en los casos Odebrecht y de desvío de recursos a empresas fantasma, respectivamente.
Ayer lunes, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, denunció al abanderado de Por México al Frente, el panista, Ricardo Anaya Cortés, por lavado de dinero y tráfico de influencias.
Sin embargo, el vocero de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge López Martín, rechazó que se trate de una venganza, puesto que “sólo estamos acudiendo a las instituciones porque hemos conocido hechos públicos que representan hechos ilícitos”.
En la Oficialía de Partes de la PGR, el legislador acusó que los alcaldes de Morena son obligados a donar 30 mil pesos mensuales a la campaña de López Obrador, a través de las universidades que crea este partido, lo que, dijo, representa un financiamiento ilegal.
“Hemos presentado esta denuncia para que las autoridades investiguen con absoluta exhaustividad y con absoluto rigor”.
En el caso de Meade Kuribreña, afirmó que es por presunta complicidad en los casos Odebrecht y el desvío de recursos a través de empresas fantasma, cuando ocupó las secretarías de Hacienda y Desarrollo Social.
“Ambos casos representan casi cinco mil millones de pesos de impuestos que con mucho esfuerzo paga la población. Esta denuncia, es por encubrimiento, el encubrimiento es un delito que se castiga con responsabilidad penal”.
Acompañado de los abogados del PAN, el diputado exigió a la Procuraduría General de la República investigar y deslindar responsabilidades, “que se mida con la misma vara, pero que se actúe con prontitud y la sociedad mexicana pueda tener la confianza de que en este proceso electoral las instituciones deben de funcionar, pero sin ningún tipo de discrecionalidad como hasta ahora ha ocurrido en virtud de las presiones del presidente Enrique Peña Nieto”, indicó.
