Aquellos que habitaron el D.F. y los municipios conurbados del Estado de México entre los años 1981 y 1995, recuerdan perfectamente la llamada Ruta-100, uno de los principales servicios de transporte público existentes en la ciudad durante esos años. Consistía nada menos que en una gigantesca red de más de 7, 500 autobuses.
Ruta-100 era una empresa estatal descentralizada con personalidad jurídica propia, llamada oficialmente Sistema Metropolitano de Transporte 100 (SMT 100, como se leía en los rótulos de los autobuses).
La sólida estructura que Ruta-100 llegó a poseer, así como la magnitud y la eficiencia en su servicio, la colocaron como la más relevante compañía de transporte público a nivel nacional, y marcó la “época de oro” del transporte público en México, según el experto en transporte público, urbanista y ex delegado en Benito Juárez, Jorge Legorreta, fallecido en 2012.
En 1989, bajo la regencia de Manuel Camacho Solís en el D.F., el Sindicato Unico de los Trabajadores Urbanos de Pasajeros Ruta-100 (SUTAUR-100) inició una huelga en demanda del 100% de aumento salarial, misma que fue declarada ilegal por las instancias competentes. Tras un breve período de presión gubernamental, el Estado mexicano (que ya había implementado un plan emergente de transporte, utilizando inclusive vehículos del Ejército Mexicano), ofreció un 14% de aumento salarial, mientras decretó la ocupación inmediata y total de los activos de Ruta-100.
El SUTAUR levantó la huelga aceptando dicho 14% de aumento. No obstante, terminada la huelga, el gobierno dio inicio al juicio de quiebra de la empresa, mismo que ganaría en 1995 por decisión del Juez Primero de lo Concursal del Distrito Federal.
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Así, cinco años después de la huelga, el 8 de abril de 1995, el todavía Departamento del Distrito Federal encabezado por Óscar Espinosa, decretó la quiebra de Ruta-100, debido a su “insolvencia económica” (era un servicio subsidiado) y a la “ineficiencia de su servicio”. Ese sábado, policías antimotines tomaron los 27 módulos operativos de la paraestatal, impidiendo el ingreso del personal. Más tarde, se detuvo a Ricardo Blanco, líder del SUTAUR, y a 11 personas más, acusadas de desviar recursos del Fondo de Ahorro de los trabajadores. Este conflicto se convirtió en uno de los más controversiales de la historia sindical y política mexicana.
Luego de lanzar un nuevo plan emergente de transporte, la administración de Espinosa comenzó rápidamente a utilizar los mismos autobuses, operados por personas diferentes.
En 2000, la entonces Jefa de Gobierno del D.F., Rosario Robles, emitió el decreto de extinción de Ruta-100, poniéndole punto final a la existencia de la empresa y declarando el patrimonio de ésta como patrimonio del Distrito Federal, creándose así la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que administra 88 rutas de las 262 de la antigua Ruta-100.
