Un dispositivo para tratar la hidrocefalia implantado en el cerebro de al menos 194 mexicanos carecía de autorización para emplearse en seres humanos.

Así lo dictamina un informe de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico de México que señala que el aparato estaba en fase experimental y que se implantó sin el consentimiento firmado que requiere este tipo de operación. Las intervenciones las llevaron a cabo residentes sin supervisión y los daños que han sufrido las víctimas son irreversibles. Después de 10 años de batallas legales, los afectados exigen una indemnización.

“Eso era”, pensó María de Lourdes Walkup, de 54 años, cuando recuerda los dolores insoportables de cabeza, los vómitos y la sorprendente recomendación de tener que dormir sentada.

“Fuimos un experimento”, añade esta abogada casi 10 años después de ingresar en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN), para que le extirparan un tumor benigno. Después de la operación, su nariz comenzó a derramar líquido cefalorraquídeo.

Lo que le colocaron en su cerebro el 18 de abril de 2006 fue un aparato para drenar el exceso de fluido cerebral provocado por el meningioma que padecía. El problema de este sistema, según denuncian las víctimas, es que no disponía de una válvula para regular la presión. Es decir, constaba de un simple tubo que comunicaba el cerebro con la zona peritoneal. De esta manera, el dispositivo sólo funcionaba si estaba de pie. Los pacientes no podían tumbarse porque sentían que les iba a estallar la cabeza. Y en posición vertical sentían que se vaciaba.

El inventor de este aparato fue Julio Sotelo Morales, director del INNN en el momento en el que se colocaron estos aparatos y único dueño de la patente. Sotelo Morales se ha negado expresamente a hacer algún tipo de declaración. El informe de la comisión arbitral critica su actuación: “Debió informarse plenamente a la paciente que se trataba de una investigación (…) No hay evidencia de que se hubiese otorgado esa información, de hecho, ni siquiera, pese a tratarse de una persona mayor de edad, con capacidad para ejercer su autonomía, el consentimiento le fue solicitado directamente (…) Se obtuvo la autorización como si fuese un recurso ordinario de atención médica que, reiteramos, no lo es”.

El INNN implantó este tipo de dispositivos durante al menos seis años, desde 2004 a 2009, según los casos recopilados por un grupo de médicos que enviaron un informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el número de expediente de cada paciente. El material del tubo es de uso común en los catéteres convencionales, pero, según varios neurocirujanos, “no está diseñado para usarlo dentro del organismo”. “Mucho menos de manera permanente”, remata el exdiputado de la Asamblea del Distrito Federal y neurocirujano del INNN, Rodolfo Ondarza.