Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos ya habían alertado sobre el aumento del desplazamiento forzado en el país y la necesidad de atenderlo. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) celebró que el Estado mexicano finalmente reconozca que el problema existe tras los resultados en julio pasado de la ENADID, encuesta hecha por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Población, una instancia dependiente de la secretaría de Gobernación.
La Encuesta muestra que las entidades federativas que más población han perdido por la migración interna son el Distrito Federal, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero y Chihuahua.
En sentido opuesto, los estados que han recibido a los migrantes internos son Colima, Querétaro, Baja California Sur, Quintana Roo, Yucatán y Aguascalientes.
Apenas en mayo de 2015, en el reporte Global sobre desplazamiento interno forzado por conflicto y violencia del Consejo Noruego para Refugiados se dio a conocer que en México existen registros de al menos 281,400 personas que han sido desplazadas por la violencia.
La misma CMDPDH denunció que esa cifra de desplazados considera a los afectados entre enero de 2011 y febrero de 2015 y que era urgente reconocer el fenómeno, recabar información al respecto y asistir a los afectados.
El registro incluye 141 casos de desplazamientos masivos ocurrido en 14 entidades federativas, es decir, el movimiento simultáneo de 10 o más familias de una misma comunidad que son víctimas de expulsión común. Los sitios más afectados son Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Aunque las mismas circunstancias de violencia han impedido tener datos de estados como Tamaulipas, Coahuila y Veracruz.
El reporte Global sobre desplazamiento interno 2015 ubica en América Latina sólo a seis países afectados por el fenómeno: Colombia, El Salvador, México, Guatemala, Perú y Honduras.
Destaca Colombia con 6 millones de desplazados, seguido de El Salvador y México con entre 280 y 300 mil afectados.
“La principal causa de desplazamiento forzado en México y el Triángulo del Norte ha sido la violencia criminal principalmente vinculada al tráfico de drogas y a actividades de grupos criminales. Grupos Armados No Estatales usan la violencia en búsqueda de ganancias y control territorial sobre rutas del narcotráfico y para neutralizar a organizaciones rivales”, cita ese reporte.
