El documento, avalado con 321 votos a favor, 18 en contra y 37 abstenciones, y enviado al Senado para sus efectos constitucionales, también prevé sanción de 4 a 6 años de prisión y multa de 4 mil a 6 mil veces el valor de la UMA, para aquel que compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie combustibles, cuando la cantidad sea menor o equivalente a 300 litros.
Por arriba de 300 litros, pero debajo o equivalente a mil, se aplicarán hasta 10 años de cárcel y multa de 6 mil a 1 mil veces el valor de la UMA vigente.
En casos mayores a mil litros, pero menor a 2 mil, se sancionará con hasta 12 años de prisión y 14 mil veces el valor de UMA, y con hasta 17 años de reclusión y 17 mil el valor de UMA, por igual o más de 2 mil litros de combustible. En caso de no poder cuantificar el hidrocarburo, se imputarán hasta 17 años de prisión y pago de hasta 17 mil veces el valor de UMA.
De igual forma, se castigará con hasta 8 años de prisión y multa de 8 mil veces el valor de UMA vigente, al arrendatario, propietario o poseedor o a quien se ostente como tal, de algún predio donde exista una derivación clandestina o toma clandestina y tenga conocimiento de esta situación y no lo denuncie a las autoridades correspondientes.
Cuando alguien, con conocimiento de que se lleva a cabo algún delito, facilite, colabore o consienta que se realice en su propiedad o no lo denuncie a las autoridades correspondientes, se acreditarán de 9 a 16 años de cárcel y multa de 9 mil a 16 mil veces el valor de UMA.
A su vez, se multará con hasta 14 años de reclusión y hasta 14 mil veces el valor de UMA, a quien obligue o intimide mediante coerción, amenaza o cualquier tipo de violencia, al que preste sus servicios o realice cualquier actividad para asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores u órganos reguladores, con el propósito de llevar a cabo cualquier conducta tipificada en la ley.
Con pena de 12 a 20 años de prisión y multa de 12 mil a 20 mil veces el valor de UMA vigente, se castigará a quien altere los sistemas de medición en posesión o al servicio de los asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores, con conocimiento que producirá un daño o afectación a la normal operación de los mismos.
A quien suministre gasolinas o diésel con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 1.5 por ciento a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición, se impondrá de 5 a 8 años de prisión y multa de 5 mil a 8 mil veces el valor de UMA vigente. En el caso de gas licuado, la cantidad será desde hasta 3.0 por ciento.
Consciente un castigo de hasta 25 años de cárcel y multa de 27 mil veces el valor de UMA vigente, a quien directa o indirectamente reciba, recaude o aporte fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, a sabiendas que serán utilizados para cometer alguna conducta tipificada en la ley.
Asimismo, el dictamen avala hasta 15 años de prisión y multa de 7 mil a 12 mil veces el importe de UMA vigente , al que invada las áreas de exclusión a bordo de una embarcación y que utilice bandera o matrícula apócrifa simulando su propiedad a favor de algún asignatario, contratista, permisionario, distribuidor o naviero.
También se encarcelará hasta 7 años y con multa de 6 mil a 9 mil veces el valor de UMA vigente, a cualquier servidor público que en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, tenga conocimiento de la probable comisión de algún delito materia de esta ley y no lo denuncie ante la autoridad competente.
El dictamen modifica los artículos 8, 9 incisos A, B, C, D y tercer párrafo; 11 y 12, fracciones 1, 11 y 111; artículos 13 y 14; 15, párrafos primero y segundo; artículos 16, 17, 18 y 19, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
Al fundamentar el dictamen, el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) indicó que el robo de combustibles es un delito devastador para la industria petrolera, pues es una de las que más beneficia al Estado mexicano; además, afecta al medio ambiente.
Además, en lo que va de 2017 los grupos delictivos siguen robando los combustibles, que se traduce en recursos que son indispensables para el país al momento de impulsar programas sociales, proyectos de infraestructura y de salud. “No podemos permitir que continúe el robo de las gasolinas”.
El objeto de la reforma, sostuvo, es trascendental, ya que al fortalecer las penas se activa un mecanismo de prevención, que no es la única forma de combatir los delitos; sin embargo, apoya otros mecanismos de prevención que realiza la misma empresa estatal, los municipios y las entidades federativas. Crearemos estructuras integrales que coadyuvarán a reducir drásticamente la comisión de estos ilícitos.
Aseguró que ese crimen va a la alza y precisó que el año pasado los municipios con mayor número de tomas clandestinas fueron: Altamira, con 207; Huimanguillo, 116; Irapuato, 106; Quechololac, 88; Cárdenas, 86; Tepeaca, 81; Zapotlanejo, 68; y Pénjamo, con 65. Mientras, en la Ciudad de México, en la delegación de Azcapotzalco, se encontraron dos predios donde se practicaba el robo de combustible.
Al fijar la postura de su grupo parlamentario, el diputado Gonzalo Guízar Valladares (Encuentro Social) indicó que el dictamen profundiza las penas para aquellos que violentan la legalidad ordeñando ductos de hidrocarburos. “Eso un delito que propicia la muerte de inocentes; además, lastima la economía, pues cuesta 46 mil millones de pesos a la paraestatal”.
Precisó que en el 2013, las tomas clandestinas detectadas según la paraestatal, eran 2 mil 613. Para 2014, eran 4 mil 219. “Son 7.5 millones de barriles, son datos duros, datos que cada vez se resiente más en la economía. Asimismo, el delito daña la imagen de seguridad del país, afecta la generación de empleos y, por supuesto, propicia el incremento de las bandas delictivas que se encargan de ordeñar los ductos”.
Ángel García Yáñez (Nueva Alianza) consideró indispensable contar con marco jurídico claro que combata los delitos en materia de robo de hidrocarburos con mayores penas.
“Es necesario un incremento de sanciones, pues representan prevenciones para el delito. Estos ilícitos han ido en ascenso y no sólo afectan al país por perder dinero, sino que ponen en peligro a la población”, comentó.
De Movimiento Ciudadano, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco comentó que elevar sanciones no ha demostrado bajar la comisión de ilícitos. “Sólo se trata de aplicar la ley por parte de quienes la ejecutan”.
Estimó que el verdadero problema es la impunidad y eso “no se soluciona incrementando irracionalmente las penas”. Dijo que la autoridad federal trabaja más y por eso detecta algo que ya existía, pero cuestionó por qué no se sanciona y la PGR hace su trabajo.
El diputado Alfredo Basurto Román, de Morena, consideró que no era necesario crear una ley especial, pues el Código Penal Federal ya contemplaba sanciones para el robo de hidrocarburos.
Consideró que es un diagnóstico equivocado que a menos de un año se quieran duplicar sanciones. “Mientras en México no se combata decididamente y sin tintes políticos la corrupción e impunidad, se podrán poner penas de hasta mil años a los delitos, pero se seguirán cometiendo”.
La diputada Sofía González Torres (PVEM) sostuvo que el delito de robo de combustibles pone en riesgo a miles de personas. Además, representa un beneficio importante para el crimen organizado y los “huachicoleros”, que crecen cada día.
La intención del dictamen, comentó, es inhibir el robo de combustibles, a través del incremento de penas. También se prevén castigos para quien no dé litros de a litro.
Arturo Santana Alfaro, diputado del PRD, refirió que ante la inacción y simulación gubernamental se demanda respuesta del Legislativo; por ello, esta Cámara la da con esta reforma. Mencionó que el robo de combustibles cuesta cientos de millones de pesos al día y autoridades federales se han visto rebasadas.
Indicó que atacar el robo de hidrocarburos, con el solo incremento de penas, no es eficaz. “El Estado debe usar todos sus medios para acabar con los grupos criminales y llegar a buen puerto. El peso de este problema no está en el Legislativo, sino en la falta de acción gubernamental”.
Eukid Castañón Herrera, de Acción Nacional, aseguró que el dictamen es un gran paso para abatir el problema de robo de gasolinas, pero también requerimos otras reformas. Estimó que “hablar de que el Código Penal ya habla de sanciones es minimizar el problema, pues se requieren leyes específicas”.
Subrayó que hay niños y niñas involucrados como “halcones” por los grupos del crimen organizado; por ello, dijo, el dictamen es viable y no busca reformas mediáticas. Asimismo, se tenía que armonizar con la desindexación del salario, apuntó.
Del PRI, el diputado Fernando Moctezuma Pereda mencionó que las familias afectadas por este delito quieren que se haga algo por ellos. “Las penas deben ser más severas, ya que son insuficientes”.
Pemex es patrimonio de la nación y quien roba combustibles despoja al país.
