“Hemos solicitado a la Ciudad de México la corroboración de los supuestos antecedentes penales. Todavía no nos consta”, señaló el fiscal Alejandro Jaime Gómez.
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México señaló que aún no está en condiciones de asegurar que el presunto homicida de una niña de 11 años cuente con antecedentes penales por el delito de abuso sexual.
A pesar de que la propia fiscalía señaló en un comunicado emitido el pasado 10 de junio que José Octavio “N” “estuvo recluido en un penal por el delito de abuso sexual”, el fiscal Alejandro Jaime Gómez señaló que “todavía no les consta” esa información.
“Hemos solicitado a la Ciudad de México la corroboración de los supuestos antecedentes penales. Todavía no nos consta. Al momento de que nos den la información del caso estaríamos en condiciones de señalarlo plenamente”, indicó el fiscal mexiquense en entrevista con la periodista Denise Maerker.
Valeria Teresa “N”, de 11 años, fue reportada como desaparecida el jueves 9 de junio. A menos de 24 horas de la desaparición, su cadáver fue encontrado en el asiento del copiloto de una unidad de la Ruta 40 en calles de la colonia Benito Juárez en el municipio de Nezahualcóyotl.
Al día siguiente la fiscalía advirtió de la detención de José Octavio, de 43 años y operador de la unidad 278 de la ruta 40, quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial por su presunta participación en el homicidio de Valeria. Actualmente se encuentra recluido en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Nezahualcóyotl.
Exigen protocolos para combis
Jaqueline Ortiz, madre de Valeria, exigió justicia y cuestionó que no existan protocolos para la contratación de operadores en esa ruta de transporte público. “Pido que la Ruta 40 se regularice, las combis como la que se subió mi hija no tienen seguro”, dijo esta mañana en entrevista con Ciro Gómez Leyva.
“Quiero que no salga, es como tener una pistola apuntando a las niñas”, dijo la señora Ortiz. “Que la gente se de cuenta que clase de transporte tenemos”, agregó.
Horas más tarde el fiscal reconoció que no existe un protocolo que finque responsabilidad a los propietarios de las concesiones de transporte público.
“Sí tienen que cumplir ciertos requisitos pero alguna disposición particular y que obligue consecuentemente a los dueños de los vehículos a verificar antecedentes penales no existe un protocolo como tal. Los tendría que manejar la autoridad administrativa competente”, señaló en entrevista con Atando Cabos.
