La Novena Corte de Apelaciones de San Francisco ratificó su rechazo al veto migratorio del presidente Donald Trump que busca prohibir a inmigrantes de seis países, en su mayoría musulmanes, viajar a Estados Unidos.
La decisión unánime y firmada por un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos fue la última de una serie de derrotas legales que la administración Trump ha sufrido. La Casa Blanca ha dicho que llevará su caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
Procuradores de 16 estados, incluida California, presentaron una demanda contra el presidente Donald Trump en la Suprema Corte de Estados Unidos, para pedir que se archive el veto a inmigrantes de varios países que dictó el mandatario en una orden ejecutiva de febrero pasado.
“Al suspender la entrada de más de 180 millones de nacionales de seis países, cancelar la entrada de todos los refugiados y reducir el límite de admisión de refugiados de 110 mil a 50 mil para el año fiscal 2017, el presidente no cumplió con la condición previa esencial para ejercer su autoridad delegada”, indicó la Corte.
“El mandatario debe hacer una constatación suficiente de que la entrada de esta clase de personas sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos”, sentenció el panel de jueces.
El noveno circuito, que decide casos federales para nueve estados occidentales, también dijo que la orden de Trump violó una disposición de la ley de inmigración que prohíbe la discriminación basada en la nacionalidad.
Los jueces Michael Daly Hawkins, Ronald M. Gould y Richard Páez ratifican de esta manera un mandato nacional emitido por un juez federal en Hawai en respuesta a una demanda interpuesta por el estado y un imán con sede en Honolulu.
La orden de Trump, una versión revisada de la que emitió durante su primera semana en el cargo, prohibiría temporalmente el ingreso a los inmigrantes y viajeros de Irán, Sudán, Somalia, Yemen, Siria y Libia, y suspendería la entrada de refugiados.
El juez de distrito Derrick K. Watson había emitido una orden preliminar tras concluir que el sentimiento antimusulmán lo motivó.
El estado de Hawai y el doctor Ismail Elshikh, el imán de la Asociación Musulmana de Hawai, argumentaron que la orden de Trump estigmatizaba a los musulmanes y perjudicaría al turismo y la contratación de estudiantes universitarios.
Los abogados de la administración Trump se opusieron y argumentaron que los presidentes tienen amplia autoridad sobre asuntos de inmigración y seguridad nacional y no deben ser cuestionados por jueces federales no electos.
Entre los grupos que instaron al tribunal a mantener el veto a la orden de Trump destacan la Asociación Estadunidense de Abogados, exfuncionarios de seguridad nacional, empresas de tecnología, organizaciones religiosas y 165 miembros del Congreso.
Además, grupos de asistencia para refugiados, profesores de derecho y una organización que representa a niños enfermos en Irán para recibir atención médica en Estados Unidos, también procuradores generales de 16 estados, incluyendo los de California e Illinois.
Alineados con Trump aparecen una coalición de grupos armados sin fines de lucro, abogados de “Inglés primero”, las fundaciones de control fronterizo y 14 estados.
