Luego de que medios de comunicación publicaron los contratos con los que la Procuraduría General de la República adquirió el software Pegasus, las organizaciones creadoras del informe #GobiernoEspía advirtieron que es indispensable la conformación de un panel de investigación independiente de las autoridades mexicanas, y que se hagan públicos todos los contratos que se tienen con las empresas vinculadas a software espías.
“Dado que es la misma PGR la que está a cargo de la investigación, esta revelación corrobora y hace más relevante la necesidad de generar mecanismos adicionales y extraordinarios para asegurar garantías de independencia en la investigación, tales como la intervención de un Panel de Expertos y Expertas Independientes, que incluya la participación de mecanismos internacionales de derechos humanos”, apuntaron las organizaciones.
“Puesto en duda el correcto uso del malware, corresponde transparentar los documentos y garantizar la máxima publicidad. La filtración anónima de contratos en medios de comunicación no subsume ese deber elemental de rendición de cuentas a cargo de la Presidencia de la República, hasta hoy ignorado. El Instituto Nacional de Transparencia”, detallaron.
Dentro del informe #GobiernoEspía, Citizen Lab advirtió que tras una solicitud de acceso a la información formulada por R3D, el CISEN negó informar el número de personas y dispositivos sujetos a una intervención de comunicaciones privadas en el año 2014. Ante la negativa, R3D interpuso un recurso de revisión, el cual fue resuelto favorablemente el 25 de mayo de 2016. Sin embargo se presentó un recurso ante la SCJN que mantiene aún en reserva la información.
“Saludamos los Puntos de Acuerdo promovidos en el Congreso de la Unión por la mayoría de los partidos -exceptuando al PRI y al PVEM- que han llamado a una investigación con estas características”, señalaron en el documento.
Consideraron que la filtración del contrato confirma que la PGR tiene el software Pegasus en su poder, pero advirtieron que otras dependencias también lo podrían haber adquirido.
“No hay un esquema de supervisión independiente sobre la investigación y los contratos no se han transparentado, prevaleciendo la opacidad hasta el extremo de que la FEADLE ni siquiera ha accedido a los convenios referidos”, reclamaron las organizaciones.
