Remueven mandos de SSP y PGJ en Tláhuac

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Para descartar cualquier acto de corrupción y eliminar los rastros de la célula criminal que encabezó Felipe de Jesús Pérez Luna, “El Ojos”, en la delegación Tláhuac, la procuraduría y la Secretaria de Seguridad Pública capitalinas anunciaron una limpia total en ambas instituciones en el oriente de la Ciudad, la cual, dijeron, llegará hasta las últimas consecuencias.

Por ello se inició una investigación interna que busca determinar hasta dónde el poder de corrupción del capo infiltró las instituciones mientras lideraba la célula criminal. Como primer paso se anunció la remoción del fiscal desconcentrado en Tláhuac, José Manuel Everardo Gordillo, así como del coordinador de la Policía de Investigación de la misma zona, José Manuel Moreno, junto con los subalternos directos.

En conferencia de prensa, el procurador Edmundo Garrido dijo que interrogarán a todos los funcionarios asignados a esa fiscalía para encontrar y determinar si participaron en actos de corrupción, al tiempo que se hará también un análisis técnico-jurídico de todos los expedientes de las investigaciones que ahí se iniciaron.

Esto para determinar si las quejas y denuncias por homicidio doloso, amenazas y extorsión en las que se vinculaba a “El Ojos” y su gente en verdad se investigaban o sólo se archivaban: “El personal que será declarado es el titular de dicha fiscalía, así como 24 agentes del Ministerio Público, 18 oficiales secretarios y 35 elementos de la Policía de Investigación”.

“Mientras la investigación continúe para deslindar responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, se nombrará a un encargado de despacho”, comentó Garrido.

La corporación policiaca en la que más influencia tenía “El Ojos” era la Secretaría de Seguridad Pública, donde a decir del titular de la dependencia, Hiram Almeida, habrá cero tolerancia contra los agentes corruptos. Esta dependencia inició siete carpetas de investigación de tipo administrativo.

Almeida detalló que la Dirección General de Asuntos Internos inició desde septiembre de 2016 una averiguación contra 10 elementos de la corporación, de los cuales cuatro están suspendidos y en proceso de destitución; dos fueron cesados al cargo y otros cuatro están sujetos en una indagatoria de tipo administrativo.

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