Durante el último año del gobierno de Javier Duarte de Ochoa se pagaron más de 80 obras públicas que fueron asignadas sin licitaciones, que jamás se iniciaron, abandonadas o se realizaron con graves deficiencias, es decir se trató de construcciones “fantasmas”.
Al practicar las auditorías por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) del ejercicio fiscal del 2016, que fueron remitidas al Congreso del Estado, se encontró un probable daño patrimonial por un monto de 91 millones 441 mil pesos en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.
En 84 observaciones, el órgano auditor encontró irregularidades en obras públicas realizadas con recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), Obra Estatal Directa, del Fondo De Fortalecimiento Financiero y del Fondo de Contingencias Económicas para Inversiones.
“Los Servidores Públicos incumplieron con la normatividad vigente en la realización de los procesos de adjudicación de contratos por trasgredir los criterios de imparcialidad y transparencia”, determinó el Orfis en la Fase de Comprobación del procedimiento de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2016.
El documento en poder de EL UNIVERSAL y que deberá ser analizado por diputados locales en las próximas semanas, revela que en dicha dependencia se limitaron las invitaciones a un sector reducido de empresas, que fueron partícipes en repetidos procesos.
Se detectó que en decenas de licitaciones participaban dos o tres empresas con el mismo representante legal e incluso con la misma dirección fiscal, lo que representó una simulación en la asignación de obras públicas.
Los auditores señalaron de manera directa al ahora exsecretario de Infraestructura y Obras Públicas, Tomás José Ruiz González, (ex director de la Lotería Nacional y expresidente del SAT) de haber sido omiso en realizar las acciones para liquidar cuentas pendientes por mil 793 millones de pesos.
“No presentaron evidencia de haber realizado las acciones necesarias y/o suficientes para su liquidación y/o depuración ante dicha Dependencia; por lo que podría generarse un pasivo contingente, como resultado del fincamiento de litigios en contra de la Secretaría”, se informó.
Entre las 84 observaciones aparecen algunas como que de la revisión a la cuenta de anticipos que al 31 de diciembre de 2016, presenta un saldo de mil 82 millones de pesos y el soporte documental proporcionado por la Secretaría, se identificó una diferencia por 32 millones.
Sin embargo, en más de 146 hojas, se detallaron decenas de obras públicas sociales a lo largo y ancho del territorio veracruzano que jamás se realizaron, que se iniciaron pero no se concluyeron o que simplemente se efectuaron con materiales de pésima calidad.
