Luego del informe del Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Lamentó que en el gobierno del estado de México persista esta práctica por parte de los elementos policiales
Llamó a examinar la medida del uso de ciertos tipos de armas, dispositivos de control de disturbios u otros medios de hacer cumplir la ley.

El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) exigió al Estado mexicano desterrar el abuso de uso de la fuerza ejercido sistemáticamente por elementos policiales, luego de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) calificara esta práctica como un acto de tortura, el cual es sancionado por el marco jurídico internacional.

Su coordinador general, Antonio Lara Duque lamentó que en nuestro país —y, particularmente en la entidad mexiquense, que gobierna Alfredo del Mazo— persista el uso de la tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en el marco de algún arresto, es decir, una vez que una persona ha sido detenida, encarcelada o privada de su libertad.

El abogado hizo ver que la medida —y la forma de prohibir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes— se aplica al uso de la fuerza por los agentes del Estado en contextos ajenos al marco de alguna detención (uso de la fuerza “al margen de la detención”) aún no han sido objeto de un examen sistemático.

El también profesor universitario, dijo que esta cuestión es particularmente pertinente en los casos en que los agentes del Estado “recurren a la fuerza de manera innecesaria, excesiva o de otro modo ilícita, sin menoscabar necesariamente el derecho a la vida, por ejemplo, durante la detención y en el curso de operaciones de detención y registro y de control de masas”.

“Si bien los Estados deben estar en condiciones de utilizar todos los medios legítimos y apropiados, incluida la fuerza necesaria y proporcionada, a fin de mantener la seguridad y el orden públicos, la experiencia demuestra que el uso de la fuerza en entornos insuficientemente controlados conlleva un riesgo importante de arbitrariedad y abuso”, apuntó el Ombudsman.

El coordinador del CDHZL —organización no gubernamental que ha sido distinguido con el Premio Nacional de Derechos Humanos “Don Sergio Méndez Arceo”— dijo que el informe presentado por Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/34/54), debe ser analizado por los integrantes del Congreso de la Unión a fin de examinar la forma en que se prohibe el uso de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a fin de alinear el marco jurídico vigente en nuestro país, en las diversas entidades y la ciudad de México.

“Hay que examinar en qué medida el uso de ciertos tipos de armas, dispositivos de control de disturbios u otros medios de hacer cumplir la ley tenían que considerarse intrínsecamente crueles, inhumanos o degradantes, teniendo en cuenta sus consecuencias inmediatas o a largo plazo”, refirió Lara Duque.

El defensor recordó que en febrero pasado los legisladores del congreso mexiquense aprobaron modificaciones al marco jurídico local a fin de regular el uso de la fuerza pública, misma que es conocida también como la “Ley Eruviel o Ley Atenco”, promovida por el entonces gobernador de la entidad Eruviel Ávila.

“Las modificaciones facultan a los integrantes de la policía estatal o municipal a intervenir con violencia cuando consideren “ilegal” alguna manifestación o protesta, lo que legitima abusos policiales como los registrados en Atenco, en 2006”, señaló Lara Duque.