En 2018 la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) debe resolver si declara la Alerta de Violencia de Género (AVG) en ocho estados del país; de ser así 20 entidades, más de la mitad del país, contarían con este mecanismo de emergencia para asegurar una vida libre de violencia para las mujeres.

El próximo año los estados de Oaxaca, Campeche, Zacatecas, Yucatán y Jalisco deberán informar si cumplieron con las recomendaciones que en 2017 les hicieron los expertos en violencia de género que analizaron las peticiones de Alerta; mientras que en la Ciudad de México, Coahuila y Durango los grupos de especialistas entregarán los informes con las políticas públicas a implementar.

En todos los casos una vez cabe mencionar que las agrupaciones de la sociedad civil presentan una solicitud de AVG, la Conavim lanza una convocatoria para integrar Grupos de Trabajo de expertos que analizan la petición y emiten un informe con recomendaciones que los gobiernos estatales deben implementar. Una vez que se cumple con estas observaciones la dependencia de la Segob decide si procede o no la declaratoria de emergencia.

Hasta el cierre de 2017 los gobiernos de cinco estados: Oaxaca, Campeche, Zacatecas, Yucatán y Jalisco cuentan con un periodo para implementar las políticas públicas de urgencia recomendadas por la  en materia de seguridad, prevención, justicia y para visibilizar la violencia cometida contra la población femenina.

Asimismo, para 2018 se resolverá la solicitud de Alerta para la Ciudad de México. Hace dos meses trascendió que el informe del Grupo de Trabajo se daría a conocer en las primeras semanas de diciembre y aunque concluyó el trabajo de revisión de los expertos, la Conavim no lo publicó y dejó a la sociedad civil a la expectativa.

En este caso la petición de Alerta de Genero en la capital ha generado opiniones encontradas entre las autoridades y las cuatro organizaciones civiles que la solicitaron, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Justicia Pro Personas, el Centro Fray Francisco Vitoria y la  Red “Todos los Derechos para Todas y Todos”.

Las agrupaciones a favor de la implementación señalan que la AVG es necesaria ante la falta de acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio pero el Gobierno capitalino se niega a tener esta declaratoria aludiendo a que “no se necesita” porque ya existe política pública para atender la situación y porque considera que el número de asesinatos no es alarmante.

Por otra parte Coahuila y Durango son dos estados más que esperan tener un resolutivo en 2018 ya que en ambos casos los Grupos de Trabajo entregarán su informe. Una vez que estos documentos se publiquen las autoridades de las entidades tendrán seis meses para acatar las recomendaciones encaminadas a prevenir y atender la violencia de género.

De declararse el mecanismo de emergencia en las ocho entidades, se sumarían a las 12 que ya cuentan con una Alerta: 11 municipios del Estado de México; ocho municipios de Morelos; 14 de Michoacán; siete de Chiapas; 11 de Veracruz (que cuenta con dos Alertas: una por Agravio Comparado y otra por violencia feminicida); cinco de Sinaloa, Nuevo León y Colima, respectivamente; seis de San Luis Potosí; ocho de Guerrero; tres de Quintana Roo; y siete de Nayarit.

2017, EL AÑO DE LAS ALERTAS

Este 2017 se convirtió en el año con el mayor número de emisiones de Alertas de Género. La Segob declaró siete, en Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit y en Veracruz que ya contaba con una por violencia feminicida y que este año acumuló la segunda, esta vez por Agravio Comparado, es decir por tener normas vigentes que violentan los derechos de las mujeres.

La Segob también negó otras cuatro Alertas que causaron la indignación de la sociedad civil: primero la AVG en Puebla y Tlaxcala, donde se denunciaron los altos números de desapariciones, asesinatos y casos de trata de mujeres y niñas. Asimismo, después de dos años de trámites, se negó la AVG para Cajeme, municipio de Sonora y la solicitud para Tabasco también fue desechada.

Tras estas resoluciones las agrupaciones y sociedad civil se organizaron y manifestaron en las calles, palacios municipales y en las oficinas de la Segob para mostrar su descontento. Finalmente, las peticionarias de la Alerta en Tlaxcala y Puebla volvieron a tramitar la solicitud. Por su parte, en Sonora, optaron por interponer un amparo que está por resolverse.

Otro precedente que marcó el año fue la declaratoria de la primer Alerta por Agravio Comparado en Veracruz, es decir, por la existencia de leyes que obstaculizan los derechos de las mujeres, en este caso los derechos sexuales y reproductivos al criminalizar a las veracruzanas que interrumpen un embarazo no deseado y castigándolas con tratamientos psicológicos.

Esta decisión no sólo colocó al estado como el primero en acumular dos Alertas (agravio comparado y feminicidio), también evidenció la crisis de violencia que viven las veracruzanas.

Con la declaratoria el próximo año se espera que el Gobierno de Veracruz cumpla con las obligaciones que dictó la Segob, una de las más importantes es reformar el Código Penal local para despenalizar el aborto de forma voluntaria hasta las 12 semanas de gestación, con lo cual Veracruz podría ser la segunda entidad del país (además de la Ciudad de México) en permitir que las mujeres decidan sobre su maternidad.

Así, para 2018 la Conavim tiene que asegurar que se implementen de forma de correcta y transparente las 13 Alertas de Género hasta ahora emitidas, y resolver las ocho solicitudes.