Tras la tercera audiencia de la Procuraduría General de la República (PGR) contra el exgobernador priista de Veracruz, Javier Duarte, las posibilidades de que éste vaya a salir libre aumentaron; fue un “round ganado” debido a la mala forma en que los fiscales presentaron las pruebas.

A Duarte de Ochoa se le acusa de lavado de dinero y delincuencia organizada y, de acuerdo a lo narrado por el periodista Arturo Ángel, en la tercera audiencia que se llevó a cabo el pasado miércoles, la PGR iba a solicitar al juez que avalara la obtención de nuevos datos bancarios relacionados a la red de empresas fantasma de Duarte.

Sin embargo, explica, estos datos ya se encontraban en el expediente y se habían obtenido sin orden judicial. Esto dio pie al abogado de Duarte, Marco del Toro, para argumentar que “la PGR lo que intenta es sanear la obtención de datos bancarios que obtuvo ilegalmente y quiere corregir un error grave que ya cometió: obtener datos privados sin orden judicial”.

Los fiscales, por su parte, negaron que estos datos los hubieran obtenido de manera ilegítima pues lo hicieron al amparo de la Ley de Instituciones de Crédito.

A pesar de los intentos de los fiscales, el juez Gerardo Moreno insistió en que no podía autorizar la obtención de evidencia que ya había sido obtenida y dijo que la validez de las pruebas se decidiría en el juicio posterior.

Este punto es clave, indica el periodista, pues sin las pruebas bancarias que demuestren la ruta que siguió el dinero para ser lavado, el caso de la PGR contra Duarte estaría perdido.

Además, la defensa de Duarte consiguió ampliar un plazo de investigación previamente cerrado, pues quieren hablar con testigos de la PGR. Los fiscales pidieron entonces que les dieran ese plazo a ellos también, lo que envió el mensaje tácito de que no estaban listos para el juicio contra el priista. Además se trata de una mala jugada pues la defensa de Duarte puede solicitar que este plazo termine cuando ellos decidan, antes de su vencimiento el 31 de julio.