Después de que se diera a conocer que la Fiscalía Estatal había asegurado cuatro ranchos ubicados en el municipio de Belleza, en Chihuahua, y de señalar que son propiedad de César Duarte Jáquez, la defensa del ex gobernador acusó, a través de una carta, al actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de hacer señalamientos infundados y malintencionados en contra de su cliente.

En el texto, el representante legal de Duarte aseguró que la presión psicológica ha sido el mecanismo de investigación y construcción de acusaciones, en donde se presume protagonismo y actividad mediática del actual gobernador.

“En concepto de esta defensa, la presión psicológica ha sido el mecanismo de investigación y construcción de acusaciones en contra de mi defendido, así como de diversas personas, la cual presume por su excesivo protagonismo y actividad mediática, es dirigida por el actual gobernador de Chihuahua”, se escribió el abogado Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana.

La defensa aseguró que el aseguramiento de cuatro supuestos ranchos, lo que en realidad son bienes rústicos que pertenecen a una misma propiedad denominada San Rafael del Agostadero o Agostadero de Jáquez o Agostadero de Moreno; que son potreros y no ranchos, y que han pertenecido muchos de ellos a la familia del ex gobernador, desde hace casi 100 años.

Se precisó que el ganado es criollo, nacido en esa propiedad y no de origen en Nueva Zelanda como se ha informado, ni ha tenido recursos públicos, ni federales ni estatales. En cuanto a los búfalos, de lo que se ha dado a conocer, se dijo que fueron donados por la familia Vallina, al igual que el pie de cría de jabalíes que fueron donadas o el par de llamas que la familia Portillo les regaló, todo antes de tomar cargo como mandatario estatal.

En la misiva también se negó que la propiedad de 30 mil hectáreas, que se ha difundido y que se encuentra en el municipio de Camargo, sea o haya sido propiedad de César Duarte.

El abogado de Duarte aseguró que cada una de estas imputaciones se ha convertido en órdenes de captura, así como los aseguramientos de inmuebles que en estos momentos están siendo materia de análisis por parte del Poder Judicial de la Federación.

Por ello, aclaró que no confía en la procuración e impartición de justicia en Chihuahua, ya que han incurrido en graves violaciones al debido proceso, presunción de inocencia y la intimidación.

“De ninguna forma confiamos en la procuración e impartición de justicia del Estado de Chihuahua, ya que la misma, en criterio del que suscribe, ha incurrido en graves violaciones del debido proceso, presunción de inocencia y la intimidación”, agregó el defensor.

Al finalizar el texto, Sánchez Reyes Retana dejó en claro que quien acusa está obligado a probar y desde hace cuatro años sólo se tiene testigos pagados, persecución política, tortura, confesiones obtenidas con presión y acusaciones fabricadas que han pretendido hacer una persecución de odio y de venganza.