El defensor del pueblo mexicano, Luis Raúl González, acusó hoy al presidente Enrique Peña Nieto de permitir que el “dolor y la impunidad” persistieran, e incluso hubiera más violaciones a los derechos humanos, durante su mandato.

El dolor y sufrimiento de desapariciones, homicidios y violencia “no se puede cuantificar o reparar; son saldos de dolor e impunidad que no han disminuido durante su periodo”, dijo González en la presentación del Informe Anual de Actividades 2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en un acto encabezado por Peña Nieto.

Como en años anteriores, encontrarse en la residencia presidencial de Los Pinos no ha impedido al ombudsman hacer una cruda radiografía del “grave” estado de los derechos humanos en el país, ante un Peña Nieto que, en un mensaje escueto, intentó subrayar las mejoras institucionales en la materia y la voluntad de cambio.

El titular de la CNDH explicó que, a meses de que Peña Nieto culmine su mandato (el 30 de noviembre de 2018), el avance “no es favorable” y no se registraron “cambios significativos” hacia un “mayor respeto y vigencia” de los derechos humanos.

La sociedad, continuó, vive con miedo de los binomios inseguridad-violencia, impunidad-corrupción y desigualdad-pobreza, generando “desesperanza, distanciamiento de las instituciones y “desconfianza” hacia las autoridades.

Prueba de esta pérdida de seguridad son el número de asesinatos cometidos en 2017 -25.339-, el año con más muertes por esta causa en dos décadas.

González se pronunció por “construir” seguridad, que “no radica” en eliminar derechos o libertades o un mayor uso de la fuerza, sino en desarrollar una estrategia.

Por ello, se mostró contrario a la Ley de Seguridad Interior, que regula el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pues consideró que es un acción reactiva y no de prevención.

Enumeró una serie de casos y cifras que reflejan este agravamiento de la situación durante el sexenio de Peña Nieto (2012-2018), como la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014 en el municipio de Iguala.

Lamentó que, pese a las decenas de recomendaciones emitidas para estos casos, muy mediáticos, muchas no se hayan atendido.

“En este caso (Ayotzinapa), como en otros de primera importancia para el país, se ha hecho evidente que el modelo de operación de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) está agotado”, denunció.

Entre 2012 y 2017 se documentaron 274 casos de tortura, 89 desapariciones forzadas, 5.086 detenciones arbitrarias y 11 ejecuciones extrajudiciales, refirió. Además, creció la violencia contra la mujeres y los periodistas, con muchos casos en total impunidad.