A 45 días de celebrarse las elecciones en México, y un clima político opaco en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, donde está en juego la continuidad del Tratado del Libre Comercio (TLC), el gobierno mexicano ha sido incongruente en su postura frente a las presiones de Donald Trump en el tema migratorio, y las acusaciones hacia la población migrante mexicana en Estados Unidos.

Los diarios mexicanos, desde hace varios meses, se han centrado en la cobertura electoral de las acciones de los aspirantes a la presidencia del país, quienes hasta el momento no han colocado propuestas concretas para atender los diversos flujos migratorios en México, desde una óptica de derechos humanos y no de seguridad nacional. Este domingo será su oportunidad de reivindicar el tema dentro de sus agendas.

Por su parte, Donald Trump no ha dejado de emitir juicios y opiniones en contra de la población migrante, el más reciente el pasado martes cuando llamó “animales” a las personas migrantes, en un contexto de constantes declaraciones xenófobas y discriminatorias contra la población migrante y solicitante de asilo. En tanto el día de ayer, ha trascendido en diferentes portales de noticias la reunión que representantes del gobierno de México y Estados Unidos están llevando a cabo, donde se pactará que México se convierta en un “tercer país seguro” para la población solicitante de asilo.

Si bien no es una solicitud nueva realizada por el gobierno de Trump, aparentemente esta vez está siendo utilizada como moneda de cambio para seguir adelante con las negociaciones del TLC. Y aunque el gobierno mexicano señala que esto colocaría al país como líder en materia de asilo, la reflexión debe ser más profunda, por un lado, ¿cómo pactar con un gobierno que no sólo se ha burlado e insultado a la población migrante mexicana, además de salirse de las negociaciones del Pacto Global sobre Migración y Asilo?, y por otro, ¿México está en condiciones de convertirse en un “tercer país seguro”?

Más allá de las implicaciones de ceder a las presiones de Donald Trump, y fortalecer el papel de México como país de contención migratoria para Estados Unidos, las organizaciones de la sociedad civil recordamos al gobierno mexicano que todas las personas tienen derecho a solicitar asilo en el país; además de que la instancia encargada de las solicitudes de asilo en México, la Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR), no cuenta con la capacidad, ni humana ni financiera, para asumir esa responsabilidad.

Con sólo 4 oficinas (Tapachula, Acayucan, Tenosique y CDMX) para resolver todas las solicitudes en México, asumir el papel de “tercer país seguro” no sólo es un absurdo, sino una irresponsabilidad pues el país no tiene las condiciones para garantizar el acceso a derechos fundamentales como a la educación, a la salud y al trabajo, digno y justo, para las personas que permanezcan aquí esperando una resolución a su proceso.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, existen solicitudes de asilo desde 2016 que COMAR no ha resulto, pese a que en el artículo 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político se establece un plazo no mayor a 45 días hábiles; de las más de 14 mil solicitudes realizadas en 2017, más del 50% siguen sin resolución, lo que representa que más de 4000 mil personas solicitantes de asilo están en la incertidumbre, la mayoría privadas de su libertad en estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha señalado que el 60% de las mujeres y la niñez migrante que pasa por México tiene necesidades de protección, sin embargo la política de detención y deportación de México ha ignorado las necesidades de quienes buscan salvaguarda su vida y la de sus familias, principalmente provenientes de Centroamérica.

Por lo que México debería negociar su fortalecimiento como país de asilo, con mejores herramientas e instancias para dicho proceso, así como una política de protección y no de deportación. Datos de la Secretaría de Gobernación señalan que de enero a marzo del 2018, se han registrado 32,714 eventos de detención de personas, de los cuales 81% han sido deportadas.