Desde enero pasado el gobierno de Enrique Peña Nieto echó a andar una elaborada estrategia electoral basada en la compra masiva de votos, el acondicionamiento de programas sociales y el sabotaje de los contrapoderes institucionales, advirtió el colectivo Acción Ciudadana Contra la Pobreza.

De acuerdo con la organización, en el primer trimestre del año el gobierno aumentó 71.2% el presupuesto asignado a las delegaciones estatales de nueve dependencias –entre ellas las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), Agricultura (Sagarpa) Desarrollo Agrario (Sedatu)- y añadió 5 mil 251 millones de pesos al gasto del programa Prospera (36.6% más) sin incrementar el padrón de beneficiarios, además de otorgar 1,481% de fondos extras al Programa de Empleo Temporal (PET).

La administración federal, sostuvo, desembolsó 38% más para la partida “materiales y suministros” –que pueden regalarse a cambio de votos– e infló en 48% el gasto en comunicación, ambos con alta discrecionalidad.

De manera paralela, recortó en 81% el presupuesto asignado a la observación electoral -pasó de 93.6 millones de pesos en 2012 a apenas 18 millones de pesos este año-, mientras que el controvertido Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) falló a favor del PRI para mantener en la opacidad la operación de los programas sociales o permitir la entrega de tarjetas, un método que empleó Peña Nieto en su campaña de 2012.

A la fecha, la organización recibió 151 reportes sobre acciones de compra de votos en 25 estados, y si bien el tamaño reducido de la muestra recabada en su portal Democraciasinpobreza y el carácter “auto reportado” de las denuncias impiden un análisis estadístico, los datos indican que el precio de los votos oscila entre 150 y mil pesos, con un costo promedio de 500 pesos.

En el Estado de México, una denuncia incluso reportó una compra de voto por hasta 5 mil pesos, aunque Alberto Sendón Rosales, coordinador del colectivo, precisó que se trató de la cooptación de un promotor.

“La compra de votos puede ayudar a conseguir cargos, pero no sirve para combatir la pobreza. Son actos inmorales e ilegales. Aún queda un mes y medio de campañas, y es justo cuando se va a intensificar”, advirtió.

El exfiscal electoral Santiago Nieto –quien se unió al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador- recordó que en los estados con mayor pobreza, como Chiapas o Oaxaca, hasta 60% de la población es beneficiaria de Prospera, por lo que los vocales del programa pueden influir en los comicios, al menos en los locales.

“El problema está en las casillas rurales, las zonas suburbanas donde la decisión de comer o no comer puede incidir para una familia en vender su voto. No puede haber normalidad democrática en un país donde la mitad de la población vive en condiciones de pobreza y donde se practica la compra de voto y el acondicionamiento de programas sociales”, añadió.

Aunado a la apertura de estos espacios para la compra de votos, el colectivo observó que el gobierno federal dejó que se generara una grave inestabilidad institucional en los meses anteriores a las elecciones.

Por ejemplo, actualmente no hay fiscal general, ni fiscal anticorrupción y tampoco magistrados encargados de castigar los actos de corrupción. Durante largos periodos la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estuvieron descabezadas y, según el colectivo, tanto los Órganos Internos de Control de la Sedesol como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) están “capturados”.