A una semana de los comicios del 1 de julio, al menos 214 candidatos —de 16 estados— realizan proselitismo con medidas de protección como escoltas, protocolos de comunicación y seguridad en eventos y recorridos.

Esta protección —que se otorga principalmente a aspirantes a alcaldes amenazados o que han sufrido algún tipo de agresión por grupos de la delincuencia organizada— es aportada por las secretarías de Seguridad Pública y las fiscalías locales. Esta lista es independiente de los 12 candidatos que son resguardados por elementos de la Policía Federal (PF), de acuerdo con el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales.

Los estados que más protección dan son Puebla, con 50 casos; Guerrero, 40, y San Luis Potosí, 30.

Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt, especializada en riesgos políticos, prevé que los ataques no terminarán el 1 de julio, sino que se extenderán a las autoridades electas y funcionarios.

Considera que la violencia podría inhibir la participación en la elección a nivel local, principalmente en municipios de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Veracruz, Puebla y Guanajuato, que se consideran “focos rojos”.