En México, como en el mundo, las mujeres son quienes realizan la mayor parte del trabajo no remunerado, doméstico y de cuidados, que sostiene la reproducción social.
A nivel nacional, las mujeres dedican semanalmente 19 horas más que los hombres a actividades no remuneradas (Enigh, 2016). En términos monetarios, de acuerdo con el Inegi, en 2016 el valor del trabajo no remunerado de las mujeres en cifras netas (sin el componente de prestaciones sociales) tuvo un valor equivalente a 51mil 952 pesos, mientras que el de los hombres fue de 18 mil 943 pesos.
Una de las implicaciones de la asimetría en la distribución del trabajo no remunerado es que las mujeres no tienen la misma disponibilidad que los hombres para integrarse al mercado laboral, ya que cargan con un trabajo adicional no valorado. En México 43 por ciento de las mujeres participa en el mercado laboral, en comparación con el 78 por ciento de los hombres, siendo de las tasas de participación más bajas en América Latina y el Caribe, donde las mujeres destinan a las actividades no remuneradas entre el doble y hasta 5 veces más del tiempo que los hombres (Bonaffé, 2017). Esta es una forma de discriminación, comúnmente invisibilizada, que impide la autonomía económica de las mujeres, limita sus derechos y merma sus libertades (ONUMujeres, Inegi, Cepal, Inmujeres; 2011).
Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural ha desarrollado el Observatorio de Género Mujeres y Territorios (OGMT), una plataforma web cuyo objetivo es visibilizar las amplias desigualdades que enfrentan distintos grupos de mujeres de la población Latinoamericana, con un enfoque regional. El OGMT da cuenta de reflexiones conceptuales e investigaciones que Rimisp ha ido generando sobre brechas de inter e intragénero, principalmente en lo que respecta a la autonomía económica de las mujeres y su bienestar.
En el marco del lanzamiento de dicho Observatorio, Rimisp organizó un ciclo de diálogos virtuales que dio inicio en México, con la participación de Celeste Molina, representante de Rimisp en México y Centroamérica, y Ximena Andión, directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB).
La evidencia acumulada por Rimisp muestra que las experiencias de desigualdad que viven las mujeres son heterogéneas entre los territorios de América Latina. En particular, en los territorios rurales de la región coexisten distintos sistemas de exclusión que establecen mayores barreras para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.
La información recabada en el OGMT muestra que las mujeres de distintos grupos dedican entre 49 y 53 horas semanales al trabajo no remunerado, pero la mayor brecha de género se observa para la población joven que vive en territorios rurales, donde las mujeres trabajan semanalmente 23 horas más que los hombres (Enigh, 2016).
Las investigaciones realizadas por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) constatan la condición de mayor vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres rurales en el país. Ximena Andión señaló que, debido al contexto de alta migración nacional e internacional, la transición de las familias de productoras a consumidoras y los crecientes niveles de violencia que han implicado la reducción de la población masculina, la carga de trabajo no remunerado de las mujeres rurales ha ido en aumento por asumir tareas como la economía de traspatio y la participación en espacios comunitarios para la toma de decisiones.
A esto se agregan las actividades establecidas por los programas sociales, pues a cambio de recibir el apoyo deben cumplir con ciertas actividades, como por ejemplo la asistencia a talleres.
En este sentido, el ILSB ha identificado una demanda social para el reconocimiento de la importancia de las tareas domésticas y de cuidado como un trabajo indispensable para la reproducción social y que aporta a la economía, y a partir de ello, una forma más equitativa de distribución del trabajo no remunerado, a partir de un esquema de corresponsabilidad que involucre a distintos actores (gobierno, sociedad civil y sector privado).
De cara al nuevo gobierno, el ILSB considera de suma importancia poner al centro de la discusión la idea de transformar los programas sociales, para que transiten de un enfoque asistencialista hacia uno de derechos y de género, con el fin de evitar aumentar la carga de responsabilidades para las mujeres, sobre todo en el medio rural, y que se piense en otros medios para lograr una mayor corresponsabilidad en este tipo de actividades, tanto en los hogares como en la sociedad en su conjunto.
Por otro lado, advierten que no debe perderse de vista el hecho de que hay retos también desde la perspectiva cultural para atender esta problemática. Si bien en la agenda pública ya hay propuestas más o menos concretas para el diseño de un sistema público de cuidados, se deben considerar además acciones que fomenten un cambio cultural para dar mayor importancia a las actividades necesarias para la reproducción social.
Y finalmente, en lo relativo a los contextos rurales, invitan a la reflexión en torno a cuáles son las mejores formas de generar espacios de cuidado más comunitarios y colectivos, que atiendan a las propias dinámicas y decisiones de las comunidades rurales. Un aspecto muy poco estudiado y que requiere enfocarse en la opinión de las mujeres que viven en contextos rurales, respecto a las demandas que sería adecuado hacer al Estado y a la sociedad, para atender esta cuestión.
Sin duda, los retos para avanzar en la resolución de esta problemática son diversos. El análisis de las desigualdades de género relacionadas al trabajo no remunerado es un paso crucial para posibilitar el diseño de políticas públicas destinadas a lograr un mejor y más igualitario reparto de las tareas de cuidado y domésticas, como parte de una estrategia amplia para fomentar el empoderamiento económico de las mujeres. Y, en este sentido, iniciativas como el OGMT de Rimisp contribuyen al cumplimiento de tal objetivo, generando conocimientos útiles para visibilizar el problema y formular propuestas de transformación.
