Ante la eminente publicación de la Ley Federal de Remuneración de Servidores Públicos, promovida por AMLO, el Gobierno de Enrique Peña Nieto habría decidido retirar escoltas a diversas personalidades. Uno de los afectados habría sido Juan Francisco Ealy Ortiz, dueño de El Universal, quien al parecer gozaba -junto a su familia- de la protección de varios -81 elementos aparentemente- agentes de la Procuraduría General de la República.

Quienes lo conocen, aseguran que el dueño del periódico lo sintió como una “afectación” personal, y eso generó una reacción en contra de otros medios que considera que sí son beneficiados por el Gobierno saliente y entrante. En concreto, Televisa y TV Azteca.

Esta situación explica las 8 columnas que se publicaron en El Gran Diario de México, bajo el título de “Regalo de fin de sexenio a Salinas Pliego y Azcárraga”, una nota que esconde el malestar y el llamado de atención de Ealy Ortiz, quien por estas horas busca mantener esa protección.

La mayoría de los expertos aseguran que, en rigor, no se percibe ningún “regalo” a Televisa o TV Azteca: ambas televisoras pagaron en conjunto casi 10 mil millones de pesos por la prórroga de sus concesiones e incluso la misma nota señala que este trámite se llevó a cabo de conformidad con el plazo que establece la ley para ello. Tampoco hubo nada oculto, pues esos medios hicieron público las resoluciones a través de comunicados de prensa.

Toda la radiodifusión ha ejercido un proceso de prórroga de concesiones desde hace dos años, situación de la que han dado cuenta diversos medios.

Ealy Ortiz entiende que los tiempos han cambiado, y acaso esta sea una nueva señal en contra de su aspiración de entrar al negocio de la TV.

No es el primer punto de tensión entre Ealy Ortiz y la futura administración. En el entorno de López Obrador no olvidan las operaciones mediáticas en su contra -Eva Cadenas, la más recordada-, ni aceptaron el despido de los editores que publicaron las fotos de su hijo como un gesto de acercamiento.