TOLUCA, Edomex.- El grupo parlamentario de Morena en la Legislatura mexiquense promovió la abrogación del decreto 87 que dispone la entrega de pensiones “disfrazadas” para los exgobernadores y la designación de personal de seguridad, chofer y secretaria con cargo al erario público.
La diputada Azucena Cisneros, promotora de la reforma turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen, recordó que el 18 de julio de 1945 se promulgó en Gaceta del Gobierno el Decreto 87 de la 36 Legislatura del Estado de México, donde se dispuso que, al término de su gestión, el gobernador puede recibir premios y recompensas por servicios prestados al Estado.
“Los premios y recompensas por servicios eminentes o importantes prestados al Estado que merezca el gobernador de la entidad, se le otorgarán después de haber terminado su gestión al frente del Poder Ejecutivo”, plantea su artículo primero.
Años más tarde, indicó, el otrora gobernador Ignacio Pichardo expidió un Decreto publicado el 7 de mayo de 1993 en la Gaceta del Gobierno número 86, en el que se plantea que “como reconocimiento a su desempeño en el cargo de gobernador del Estado, es conveniente adoptar las previsiones necesarias a fin de que se normen los apoyos mínimos para la preservación de su integridad y seguridad y para el desarrollo de sus actividades personales, una vez concluido tan honroso y alto cargo al servicio del Estado”.
Además, dispone como “necesaria y conveniente la debida regulación de estos reconocimientos que en el pasado el Gobierno del Estado ha otorgado a los ciudadanos exgobernadores en forma discrecional.”
Las modificaciones contemplan en el artículo primero que quienes hayan ocupado el cargo de gobernador del Estado de México tendrán derecho, al concluir su gestión, a tener a su adscripción: un jefe de ayudantes con categoría de subdirector rango nueve, con nivel de jefe de ayudantes de secretario general de gobierno.
Además, un chofer ayudante con rango cinco, con categoría de chofer de secretario general de gobierno; tres ayudantes con categoría de oficial de seguridad pública, nivel catorce, rango cuatro; una secretaria, con categoría de secretario particular de secretario, nivel 27, rango 9, del gobierno estatal.”
Cisneros Coss advirtió que ambos decretos son contrarios a derecho, pues no se justifica que una vez que los exgobernadores han concluido su gestión, se les destine personal con cargo al erario público, pues han dejado de ejercer las funciones que la ley les confiere de manera temporal.
“Es un uso indebido de recursos sin fundamento en el ejercicio de un empleo, cargo o comisión público; representa el establecimiento de una remuneración más allá de la pensión, liquidación o retiro”, dijo, tras advertir la posibilidad de que el jefe de ayudantes con categoría de subdirector sea en realidad una pensión económica encubierta destinada a los exgobernadores.
Con información de PROCESO
