80 000 personas se encuentran actualmente en prisión preventiva en México, lo que representa el 40% de la población penitenciaria total.
La Cámara de Diputados debería rechazar un proyecto de reforma constitucional que ampliaría el uso de la prisión preventiva obligatoria, pidió la organización Human Rights Watch.
En un pronunciamiento señaló que esta reforma incrementaría considerablemente la cantidad de personas en las cárceles mexicanas que no han sido condenadas.
El proyecto de reforma constitucional fue aprobado en el Senado el 6 de diciembre de 2018 y actualmente se encuentra bajo análisis de la Cámara de Diputados. La propuesta exigiría que los fiscales soliciten y los jueces ordenen de forma automática la detención de todas aquellas personas que estén siendo investigadas por un amplio espectro de delitos, incluidos los de corrupción, tenencia de armas, abuso infantil, desapariciones, robo de casa habitación y robo al transporte de carga.
“México debería tomar medidas para eliminar la prisión preventiva automática, no para expandirla”, expresó Daniel Wilkinson, director adjunto de la división de las Américas de Human Rights Watch. “La prisión preventiva es justificable sólo cuando resulta verdaderamente necesaria en las circunstancias del caso concreto”.
La Constitución mexicana ya exige la prisión preventiva oficiosa en casos de homicidio, violación, secuestro y varios otros delitos.
El derecho internacional de los derechos humanos exige que la prisión preventiva no sólo esté prevista en la ley y sea razonable, sino además que sea el resultado de una determinación individualizada de que es necesaria para fines como impedir la fuga del imputado, la alteración de las pruebas o la comisión de nuevos crímenes.
Según cifras oficiales, 80 000 personas se encuentran actualmente en prisión preventiva en México, lo que representa el 40% de la población penitenciaria total.
“La forma de mejorar la seguridad pública en México es fortalecer la capacidad de las autoridades de la justicia penal ordinaria para investigar y perseguir delitos, no encerrar a los presuntos responsables antes de que un juez haya decidido si ello es es necesario en razón de las circunstancias específicas del caso”, señaló Wilkinson.
(Con información de aristeguinoticias)
